En la reunión de ministros de Economía de la UE (Ecofin), los Estados miembros han analizado por primera vez la propuesta de la Comisión Europea para avanzar hacia una unión bancaria, en la que el Banco Central Europeo (BCE) asumirá los poderes de supervisión de todos los bancos de la zona del euro.

El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, ha reconocido en rueda de prensa las dificultades que existen para alcanzar un consenso en torno a la propuesta.

«Es mi trabajo construir compromisos dinámicos. Francamente, no me ha sorprendido la discusión, las críticas, ni los apoyos», ha afirmado Barnier, quien ha avisado: «No tenemos tiempo que perder».

Algunos Estados miembros, con Alemania a la cabeza, han expresado su escepticismo -o incluso resistencia- sobre la posibilidad de que el BCE asuma en enero los poderes de supervisor bancario de las 6.000 entidades financieras que hay en la eurozona.

En este sentido, el comisario ha precisado que, aunque el BCE estrene el estatus de supervisor bancario el 1 de enero, no asumirá de entrada todas las labores de supervisión cotidiana, sino que irá asumiendo competencias «paso a paso» a lo largo de 2013 y 2014.

«Sé que el calendario es ambicioso, exigente, pero pienso que es realista y necesario», ha insistido Barnier.

El Estado español respalda esta postura y ha mostrado a favor de «mantener las fechas», según ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, en rueda de prensa tras el Ecofin.

La puesta en marcha del supervisor único beneficiaría al Estado español, ya que permitirá al país acceder a la recapitalización directa de la banca, con lo que el rescate financiero concedida por los socios europeos al país dejará de computar como deuda.

La discusión sobre las fechas esconde también diferencias más profundas entre los Veintisiete sobre cuestiones de fondo.

Uno de los puntos más problemáticos es cómo afectará la creación de este supervisor único para la zona euro a los diez Estados miembros restantes que no comparten la moneda única, tanto si se unen de manera voluntaria o no.

Barnier ha reconocido que existe un «problema jurídico» en la propuesta de la Comisión, que no prevé derecho de voto para los países de fuera de la eurozona que participen en la supervisión bancaria, un punto rechazado frontalmente por Suecia y otros países.

«Vamos a seguir trabajando para mejorar la asociación de todos los países», ha asegurado el comisario, quien ha garantizado que todos los Estados que participen tendrán acceso a toda la información necesaria y derecho a voto.

Otra de las cuestiones que preocupa a los países sin euro es que el BCE quede al margen de las decisiones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA en inglés), un punto que Barnier y el vicepresidente del BCE, Vítor Constancio, han negado.

«El BCE tendrá que cumplir con las decisiones de la EBA como cualquier otro supervisor en los Veintisiete», ha indicado Constancio.

El comisario y el vicepresidente del BCE también han afirmado que la aplicación de políticas macro-prudenciales (para prevenir futuras crisis) dictadas por el supervisor único no se extenderá a los Veintisiete, sino que se mantendrá la flexibilidad vigente.

Constancio ha tratado asimismo de calmar el temor de algunos países a que sus autoridades nacionales pierdan toda sus competencias de supervisión en beneficio de Fráncfort, al asegurar que la institución trabajará de una manera «muy descentralizada», mano a mano con los bancos centrales de cada Estado.

Además, ha asegurado que el BCE rendirá cuentas sobre sus tareas de supervisión.