El juez José Castro, que instruye el ‘caso Nóos’, ha imputado a la infanta Cristina de Borbón en el marco de esta causa que investiga el presunto desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido en su día por su marido, Iñaki Urdangarin. El magistrado ha citado a declarar a la hija del monarca español el próximo 27 de abril, a las 10.00, en Palma, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB).

El magistrado le tomará declaración sobre su intervención en la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada y la entidad mercantil Aizoon SL, y por el «manejo y destino de los fondos obtenidos a través de las mismas y las que se deriven».

Castro recuerda en su auto de 19 páginas que en marzo de 2012 rechazó imputar a Cristina de Borbón, como había solicitado la acusación particular ejercida por Manos Limpias por la insuficiencia de datos objetivos en aquel momento que posibilitaran dicha imputación, circunstancia que no ha cambiado «hasta fechas muy recientes».

Según el juez, a partir de la declaración del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y de los numerosos correos electrónicos aportados a la causa, y tras escuchar la versión dada por el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, surgen «una serie de indicios» que hacen dudar de que la hija del rey desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal en la junta directiva de Nóos.

Añade que no despejar la duda de si ella conocía la aplicación que hacía Urdangarin de su presencia como vocal en Nóos y en la empresa Aizoon SL sería «un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos».

El magistrado detalla en su auto catorce indicios que hacen dudar de si Cristina de Borbón conocía el uso que hacía su marido de su presencia como vocal. Si bien admite que esos indicios por sí solos y considerados de forma aislada carecen de «peso suficiente para sustentar una imputación» de la infanta y no constituyen «indicios racionales» de que «interviniera activa y decididamente» en la gestión cotidiana de Nóos y Aizoon, sí indican que «bastaba con que prestara su consentimiento a que su parentesco con S.M. el rey fuera utilizado».

Indicios de «cooperación» o «complicidad»

Sostiene que ese posible consentimiento, junto con la presencia también en la junta directiva de Nóos del secretario de las infantas, era suficiente para «propiciar un trato generoso» por parte de empresas privadas y para que las administraciones públicas prescindieran de los cauces y controles de rigor, «disfrutando junto con su marido de los beneficios obtenidos».

Castro considera dudoso que empresas e instituciones se hubieran «aquietado tan pacíficamente» a las proposiciones de Urdangarin y Torres «sin contar con el aparente y consensuado refuerzo de la Casa de S.M. el rey», que «intencionadamente se hacía desprender» de que en la junta directiva de Nóos figurasen los nombres de la infanta y Carlos García Revenga.

Si hubo «consentimiento y conocimiento presente y futuro» por parte de Cristina de Borbón, añade, «podría ser calificado como un supuesto de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos» por Urdangarin y Torres, o «cuando menos de complicidad».

Nuevos correos de Torres

La imputación de la hija menor del rey se produce una semana después de que Torres aportara nuevos correos electrónicos para tratar de demostrar su implicación en la empresa. Entre esa documentación habría varios emails que el marido de la infanta remitió a su esposa para consultarle diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente de Nóos.

Durante su declaración en el juzgado el pasado 16 de febrero, Torres, también imputado, ya implicó a Cristina de Borbón y señaló a la Casa Real española.

Su esposo, sin embargo, la exculpó de las actividades de Nóos y señaló que su único cometido era «cubrir asientos».

El juez también citó a declarar como imputado al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, quien se desvinculó de las cuentas y gestiones de Nóos, a pesar de que su nombre figuraba en varios de los correos aportados por Torres, en los que se revelaría la labor de asesoramiento que habría llevado a cabo con Urdangarin respecto a su actividad empresarial.

Castro investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de euros de las administraciones balear y valenciana al Instituto Nóos entre 2004 y 2007.