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Madrid

La ONU insta al Gobierno español a juzgar las desapariciones de la Guerra de 1936 y la dictadura

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, que ha visitado el Estado español durante la última semana y se ha reunido con distintas autoridades y con asociaciones de víctimas del franquismo, ha instado al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra de 1936 y la posterior dictadura franquista, emprendiendo las reformas necesarias para que éstas no se consideren delitos prescritos merced a la Ley de Amnistía de 1977.

Foto de familia de un grupo de vascos que ha ofrecido su testimonio. (GARA)
Foto de familia de un grupo de vascos que ha ofrecido su testimonio. (GARA)

Así consta en el informe preliminar aprobado por los dos miembros de este grupo de trabajo –Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky– que han mantenido contactos con representantes institucionales y de diversos organismos sociales, también en Hego Euskal Herria. El objetivo de la visita era examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias, en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de estos crímenes.

En su primer informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo de trabajo constata que en el Estado español no se tiene en cuenta «el carácter de delito de lesa humanidad» en el caso de las desapariciones cometidas durante la Guerra de 1936 y la dictadura. «Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación», apunta el texto.

En concreto, instan «al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada». En paralelo, solicitan la puesta en marcha de medidas legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas «no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977».

En su informe también remarcan que, ante la «situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura», las víctimas españolas han «solicitado a los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal» y emplaza al Gobierno de Madrid a «prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España».

Cabe recordar que la jueza argentina María Servini de Cubría ha reclamado la detención de cuatro torturadores que actuaron durante la dictadura, sin que su demanda haya sido atendida por los tribunales españoles.  

También demandan desde la ONU un «plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas», que garantice la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los Mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. Recomiendan, asimismo, que responsables de la administración y la Justicia «se personen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan».

«El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa», reza este informe preliminar.