«No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades», ha subrayado Valls en una declaración al término del Consejo de Ministros, y ha recordado que el gasto público supone el 57% del Producto Interior Bruto (PIB) y que la deuda había pasado del 50% del PIB en 2002 al 90% al final del mandato del anterior presidente, Nicolas Sarkozy, en mayo de 2012.

Ha confirmado el programa de reducción del gasto público de 50.000 millones de euros en los años 2015-2017 y que el Estado francés «cumplirá sus compromisos» de reducción del déficit público.

Y a la hora de justificarlo, ha insistido en que se hace no porque «lo imponga Europa (...), no por cabezonería, no por ortodoxia, sino porque es la base de la credibilidad y de la confianza (...), porque es la base de nuestra soberanía».

A la hora de precisar el ajuste, ha explicado que la administración del Estado disminuirá su gasto en 18.000 millones de euros en los tres próximos años, y eso pasa entre otras cosas por la congelación del índice a partir del cual se calcula la remuneración de los funcionarios.

Su número se reducirá en todos los departamentos, salvo en las tres prioridades que había definido en la campaña para su elección François Hollande: educación, seguridad y justicia.

La dotación para las administraciones territoriales (regiones, departamentos y municipios) disminuirá en 11.000 millones entre 2015 y 2017.

En la sanidad, el recorte en ese periodo será de 10.000 millones de euros, «sin reducir la asunción de la atención ni su calidad» -ha asegurado el primer ministro- mediante medidas como la cirugía ambulatoria (altas hospitalarias el mismo día que se efectúa una operación), un mayor recurso a los medicamentos genéricos y una racionalización de las recetas.

En el sistema social, el ahorro esperado en los tres próximos ejercicios es de 11.000 millones de euros, y eso vendrá en parte de las reformas ya decididas (retraso en la edad de jubilación o caída de las prestaciones familiares a los más pudientes), pero también con otras nuevas, y en particular con la no revalorización de las prestaciones.

Valls ha señalado: «Está descartado disminuir el monto de las prestaciones sociales, pero en el contexto excepcional que vivimos, no se revalorizarán hasta octubre de 2015».

Esa congelación afectará a los pensionistas (2.000 millones de euros de ahorro), pero también a otras prestaciones (700 millones).

Quedarán al margen los subsidios existenciales que cobran las personas sin recursos y también «las pensiones más modestas».