La muerte de una niña de tres años y medio por una complicación de una varicela es una dolorosísima tragedia en sí misma que obliga a analizar todo lo ocurrido desde la primera vez que acudió al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Araba (Txagorritxu) hasta que al día siguiente murió tras volver al mismo después de haber sido dada de alta. Hubo para ello una investigación interna en Osakidetza -que a fin de cuentas es parte interesada en el caso- y hay también un proceso judicial, a instancias de la familia, que podrá delimitar responsabilidades, aunque nada devolverá a Anne a sus padres.

El hecho de que la familia vive en Argantzun, uno de los municipios que conforman esa anomalía territorial que es Trebiñu, alimentó inicialmente una escalada político-mediática que pretendió vender la versión de que el nacionalismo vasco había negado asistencia sanitaria a una niña por residir en un enclave castellano en el corazón de Araba. Una inadecuada actuación médica fue convertida en carnaza para las batallas del «TDT Party».

Que el Servicio de Salud de la CAV y el de Castilla y León coincidieran en que dicho caso nada tuvo que ver con la cuestión administrativa de Trebiñu pareció desinflar el globo, y las posteriores explicaciones del consejero vasco, Jon Darpón, en el Parlamento, acotando responsabilidades o señalando un chivo expiatorio -la investigación judicial podrá determinarlo-, recondujo el debate hacia un problema propio de Osakidetza, de donde nunca debió salir.

Pero ayer una filtración parcial de la respuesta de Lakua a la «información documental» pedida por UPyD, relativa a las «grabaciones del 112 para solicitar asistencia para una niña enferma en Treviño», hizo que de nuevo se removiera la cuestión. El diario «El Mundo» encontró, otra vez, la forma de ajustar la realidad a su tesis preconcebida, en este caso la de que «el territorio importa más que una vida». Se basó en un extracto de una conversación en la que la coordinadora médica del 112 le dijo a la madre de la niña que el médico de urgencias que le correspondía a esas horas era el de Trebiñu. La madre planteó la posibilidad de que la familia la trasladara a Txagorritxu, que fue aceptada por el 112, pero finalmente quedó en llamar ella misma al médico de guardia. Así lo hizo y este acudió a la vivienda, pero para entonces la familia se había desplazado al hospital gasteiztarra.

Profesionales médicos con años de experiencia en el ámbito rural de Araba sostienen que el procedimiento hubiera sido similar en cualquier otro pueblo alavés. Desde las tres de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente, las urgencias están atendidas por un médico para toda una zona que abarca distintos pueblos, y no es extraño que la familia de un paciente opte por acudir en persona a Txagorritxu, antes que al centro de guardia, por considerarlo más rápido o eficaz.

Lo que cabe analizar en este caso es si la organización de Osakidetza es la adecuada, tanto para Trebiñu como para cualquier otra cuadrilla alavesa. Si existen los recursos suficientes. En todo caso, hay que explicar que de la lectura de la conversación queda claro que nadie negó ninguna ambulancia -que fue la versión inicial- porque no se pidió. Otra cosa muy distinta es ver si la médico que atendió la llamada valoró debidamente la gravedad de la situación y si debió adoptar otra iniciativa.

Pero lo que también parece requerir una investigación en este caso es la atención recibida por la niña la víspera en el servicio de Urgencias de Txagorritxu, y descartar, por ejemplo, que los médicos que estén atendiendo a los niños y niñas sean generalistas en lugar de pediatras.

En otra respuesta parlamentaria, el consejero de Salud, Jon Darpón, se refiere a quien trató a la niña como «médico adjunto de urgencias de pediatría», y habla de la existencia de «pediatras responsables de las diferentes áreas pediátricas en cada guardia». Estas palabras no responden, al menos para el lego, si quienes atienden a cada niño son o no pediatras, es decir, expertos en los pequeños cuerpos que tienen entre manos.

Aclarar estos aspectos y delimitar debidamente qué falló para que una niña de tres años y medio con un diagnóstico de varicela acabara muriendo parece mucho más útil para el futuro que convertir semejante tragedia en una discusión de taberna elevada a titulares sensacionalistas.