La Audiencia Nacional española no se hará cargo de los detenidos durante la protesta «Rodea el Congreso» del pasado martes, que concluyó con duras cargas por parte de la Policía.

En un providencia dictada por el juez Santiago Pedraz, el magistrado contradice a Interior y se deshace del caso, asegurando que ninguno de los delitos que se imputan a los arrestados es «competencia» del tribunal de excepción. En concreto, el escrito policial recibido por el togado acusa a los 35 arrestados (delante del juez pasarán 34, porque uno es menor) de «atentado, lesiones, resistencia y desobediencia y desórdenes públicos». Por este motivo, Pedraz insta a la Policía a «actuar en consecuencia», lo que implicaría que sean trasladados a los juzgados de plaza Castilla.

El atestado de la Policía española no menciona en ningún caso la tipología de «delitos contra las instituciones del Estado», que es la utilizada en las últimas semanas para criminalizar al movimiento de protesta. Esta es la acusación que se ha cursado contra ocho personas que tendrán que declarar el próximo 4 de octubre en la Audiencia Nacional. Las citaciones fueron tramitadas incluso antes de que tuviese lugar la protesta, cuando Interior incrementó la presión sobre los promotores de la iniciativa «Rodea el Congreso».

Ante la providencia de Pedraz, los detenidos el martes tendrán que pasar por el juzgado de plaza Castilla. Sin embargo, a estas horas los abogados defensores no sabían en qué lugar se encontraban. De hecho, han presentado una denuncia contra el procedimiento, ya que los detenidos siguen en manos de la Policía pese a que las diligencias de los agentes ya han co