El pasado 29 de enero, tres días antes de cumplir los 75 años, la reina Beatriz de Holanda comunicó, por medio de un comunicado audiovisual, que decidía abdicar y dejar el trono de su país a su hijo Guillermo, de 45 años, ya que, según aseguró, es el «momento de una nueva generación». Dos semanas más tarde, el 11 de febrero, Benedicto XVI renunciaba al Papado de Roma –la primera vez en seis siglos que sucede algo así– alegando «falta de fuerzas» a sus 85 años.

Tribuneros y tertulianos de todo tipo alabaron en el Estado español la loable decisión de quien renuncia a su cargo al considerar que ya no puede ejercerlo. Pero en casa del herrero, cuchara de palo. Los mismos que ensalzaban la decisión de Beatriz y de Ratzinger quisieron descartar rápidamente cualquier paralelismo con el caso de Juan Carlos de Borbón, en un momento en el que los escándalos que rodean a la Casa Real y la debilitada salud del monarca parecían hacer viable una abdicación en favor de Felipe de Borbón.

Uno de los primeros que se lanzó a la piscina fue el primer secretario del PSC, Pere Navarro, que la semana pasada pidió la abdicación. Era la primera vez que alguien, desde alguno de los dos partidos que ha dominado el Estado español en los últimos 35 años, cuestionaba públicamente la figura del rey. Pese a que Navarro no criticó en ningún momento al monarca ni a la institución, las reacciones no tardaron en llegar y algunas de las más beligerantes provinieron de sus socios del otrora republicano PSOE. Entre ellas destaca la de Alfonso Guerra, que declaró: «No me siento representado en nada por Navarro».

Para los defensores de un sistema republicano, sin embargo, la abdicación supone poco más que una estrategia para, en el fondo, salvar y perpetuar a la monarquía. Pero sólo Izquierda Unida o formaciones que no responden a una lógica estatal, como Amaiur y ERC en el Congreso de los diputados, se han cuestionado el fondo de la cuestión: la utilidad de un sistema monárquico en pleno siglo XXI.

A la par, aunque con menos ruido que los idólatras monárquicos, se empiezan a oír voces que apuestan por un sistema republicano, no tanto por una cuestión sentimental, que también, sino por pura práctica y eficiencia, ya que se esfuerzan por demostrar el lastre que supone tener en la jefatura del Estado a un cargo hereditario. Uno de ellos es el economista Vicenç Navarro, que en un artículo escribía que «hay una relación clara entre la enorme crisis económica, financiera y política del país y el dominio del establishment conservador sobre los aparatos del Estado, liderado por el monarca».

¿Y de todo esto que opina la sociedad? Más allá de manifestaciones, siempre se suele decir que, en una democracia, los ciudadanos ejercen su poder votando en las elecciones, sin embargo, la monarquía nunca ha pasado por las urnas. Otro de los instrumentos, más dudoso, para conocer la opinión de la sociedad son las encuestas, pero he aquí la sorpresa: el Centro de Investigaciones Sociológicas no pregunta sobre la imagen que los ciudadanos tienen de la Casa Real desde que, en octubre de 2011, la monarquía suspendió por primera vez en la evaluación de los encuestados.