El Consejo de Ministros español ha dado luz verde a la polémica reforma de la Administración local, con la que pretende ahorrar unos 8.000 millones de euros hasta 2016.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido que la reforma evitará las duplicidades, terminará con el desempeño de las «competencias impropias» y logrará el equilibrio financiero para avanzar en la eficiencia y profesionalización en el mundo local.

Ha explicado que el proyecto de ley incluye el concepto de «coste efectivo» de los servicios, por el que todas las corporaciones locales deberán hacer público obligatoriamente el coste de los servicios que prestan y «a partir de ello, se tomarán decisiones de beneficio para el ciudadano de forma que se acumule la prestación de estos servicios en el órgano superior», que son las diputaciones. Esto es, que una vez se conozca dicho coste y si este es superior a la media, el mismo podría ser asumido por la Diputación si lo puede realizar por un coste más bajo.

Otra de las novedades que recoge el texto, según ha apuntado el ministro, es la inclusión de un procedimiento de «incentivo» a la fusión «voluntaria» de ayuntamientos, que recibirán un «mayor apoyo financiero» del Ejecutivo español para «evitar la dispersión administrativa que en ocasiones es muy costosa».

El proyecto aprobado ha suscitado el rechazo de toda la oposición al considerar que supone un ataque a la autonomía municipal y la privatización de los servicios públicos.

En Euskal Herria, tanto el Parlamento de Gasteiz como el de Nafarroa ya rechazaron la reforma local.