La diferente posición de los gobiernos de Londres y Madrid ante el derecho a decidir de las naciones sin Estado hoy incluidas en su seno vuelve a enfrentarles, como ocurriera hace escasos dos meses. El Ministerio de Asuntos Exteriores español salió al paso ayer de la alusión del Foreign Office al derecho de «autodeterminación» dentro del conflicto de Gibraltar, paralela a la reflexión que en junio hizo el premier David Cameron sobre la conveniencia de «decidir» y que también puso a Madrid en entredicho.

Sin necesidad de citar expresamente a Euskal Herria o Catalunya, el Gobierno británico ha encontrado un filón en esta cuestión, en la que se sabe que dispone de ventaja dialéctica tras el acuerdo con el Gobierno de Edimburgo para celebrar un referéndum de independencia en Escocia en setiembre de 2014 y asumir el resultado.

Anteayer, al hilo de la polémica sobre Gibraltar, un portavoz del Foreing Office indicó al Gobierno español que para el Reino Unido «la autodeterminación es más importante que la integridad territorial».

Con ello puso la pelota sobre el tejado del Ejecutivo español, que ayer respondió a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su mensaje se ciñó al caso de Gibraltar para no entrar en otros conflictos más pantanosos para sus intereses como el de Catalunya, que se sigue con mucho interés desde Londres, dado que además los dos referendos -escocés y catalán- podrían casi solaparse en el tiempo.

El Ministerio que dirige José Manuel García-Margallo alegó que la ONU no ha hecho nunca una declaración explícita sobre el derecho a la autodeterminación de Gibraltar. Para Madrid, lo que la comunidad internacional propone al respecto es que haya «un proceso de descolonización resuelto mediante negociaciones bilaterales entre España y Reino Unido».

Por contra, Londres estima que la ciudadanía gibraltareña ya ha dejado claro, y de modo muy mayoritario y reiterado, que su decisión consiste en seguir ligada a Gran Bretaña.

La declaración de Exteriores del Gobierno español añade además que Gibraltar «sí afecta a la unidad territorial y la integridad territorial de España», aunque se limita a esbozarlo y no lleva más lejos el argumento.

La polémica de junio

El discurso en favor de la libre decisión de la ciudadanía ya enfrentó al Gobierno conservador británico con el también conservador Gobierno español en junio. Ocurrió después de que el primer ministro, David Cameron, fuera preguntado en rueda de prensa sobre su opinión sobre el proceso catalán y respondiera que «no creo que sea bueno ignorar estas cuestiones de nacionalidad, independencia e identidad». Acto seguido, el inquilino de Downing Street trasladó al de La Moncloa que él es partidario de «que la gente decida» y añadió que esta ha sido la premisa utilizada en Escocia.

El matiz añadido por Cameron de que «no querría decir a los españoles cómo deben afrontar estos temas» no calmó al Ejecutivo del PP. Y además fue el titular de Exteriores, García-Margallo, el que se encargó de dar a Londres una respuesta bastante poco diplomática, al esgrimir que el Estado español cuenta con una Carta Magna que establece «la unidad de España y la indivisibilidad de España», mientras que «el Reino Unido no tiene una Constitución escrita».

La CE calla y espera

Aquella polémica fue esquivada totalmente por la Unión Europea. Se dio la circunstancia de que en la comparecencia en la que replicó a Cameron, el ministro de Exteriores español estaba acompañado por la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, que se quedó sin palabras cuando se le pidió una opinión sobre el rifirrafe: «¡Ay, Dios mío, qué pregunta!», dijo entre risas antes de disculparse con esta expresión: «De los catalanes no voy a hablar».

También ahora la Comisión Europea prefiere mantenerse al margen. Después de que se filtrara una propuesta no oficial del PSOE para llevar el asunto al marco europeo, el portavoz comunitario Jonathan Todd explicó ayer que «la CE no ha recibido ninguna petición. Entiendo que es una idea de un político en España».

No obstante, tampoco descartó del todo algún tipo de intervención entre los dos estados. «Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él», indicó el portavoz. Declinó igualmente hacer comentarios sobre las informaciones de que el Estado español podría querer hacer un frente común con Argentina en la ONU por Gibraltar y las islas Malvinas: «Me suena muy hipotético y por ello no es algo que quiera comentar».

La Comisión sí anunció la semana pasada que, en respuesta a las quejas recibidas de parlamentarios europeos y de ciudadanos, tiene previsto organizar inspecciones técnicas sobre el terreno en Gibraltar el próximo setiembre, con el objetivo de comprobar cuál es la situación. Implícitamente, con ello da tiempo a Madrid y Londres para reconducir la situación.

El Ejecutivo comunitario matiza que ya se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para organizar esas visitas y las presenta como usuales. El caso más sonado similar a este fue la misión enviada por la Unión Europea a Dinamarca en 2011, después de que el país amenazara con restablecer sus fronteras nacionales a sus países vecinos del área Schengen.