«Mira, se ha vuelto a mover todo». Quien habla, al otro lado del teléfono es Lluc Ulldemolins, miembro de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia y vecino de Alcanar, el pueblo más meridional del Principat. Poco después, los medios afirman que ha sido un nuevo terremoto, en esta ocasión de 3,7 grados en la escala Ritcher. Es la rutina del último mes. Desde el 8 de setiembre, más de 450 terremotos han sacudido el sur del Principat y el norte del País Valencià. La mayoría han sido menores a dos grados, por lo que la población no los ha notado, pero en alguna ocasión han llegado hasta los 4,2 grados, creando «alarma y preocupación» entre los vecinos, según explica Ulldemolins, que añade que «en las últimas semanas no se habla de otra cosa en el territorio».

Precisamente, fueron los vecinos los primeros en señalar al que ahora ya es responsable del episodio sísmico a ojos de todos: el proyecto Castor. Se trata de un almacén submarino de gas, situado a 22 kilómetros de la costa, entre Alcanar y Vinaròs, el primer pueblo del País Valencià. La instalación está construida sobre una antigua plataforma petrolífera y se encuentra, en teoría, lista para iniciar sus actividades.

De hecho, el episodio sísmico ha coincidido con las primeras inyecciones de gas cojín a presión –el gas que cubre las rocas y sobre el que después reposa el gas comercial–, por lo que la relación entre este inicio de las actividades y los terremotos ha sido inmediata. De hecho, el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, así como la propia empresa encargada, Escal UGS, admitían esta semana la alta probabilidad de que el almacén de gas sea el responsable.

Por ello, el pasado 26 de setiembre, Industria ordenó a la empresa paralizar la inyección de gas hasta aclarar lo sucedido. Sin embargo, los terremotos no han parado, lo que llevó el pasado viernes a la Fiscalía de Castelló a abrir una investigación y enviar un helicóptero de la Guardia Civil a la plataforma marina, para asegurarse de que las actividades estaban paralizadas. El ministro Soria se ha cansado de repetir esta semana que la instalación no volverá a ponerse en funcionamiento hasta que haya una certeza absoluta de seguridad para la población. Pero Ulldemolins no confía demasiado: «Si ya hay expertos diciendo que no habrá peligros para la población seguirán tirándolo hacia adelante».

Lo dice porque no va a ser fácil echar atrás el proyecto, pese a que durante el fin de semana, miles de vecinos de la zona exigieron el desmantelamiento de la instalación.. En los últimos días se multiplican los mensajes de tranquilidad a la población, asegurando que los temblores no irán a más y repitiendo, en tono fatalista, que no hay más remedio, que el Estado necesita almacenes como este para asegurar el suministro energético necesario para mantener el modelo energético actual.

«No se dan cuenta de que dicho modelo es parte del problema», señala Ulldemolins, que pone en duda la verdadera necesidad de un almacén como este, sobre todo teniendo en cuenta que en los años de crisis, el consumo de gas ha descendido «una barbaridad». Igualmente, insiste, el problema de fondo no es este, sino un modelo energético y económico que obliga, supuestamente, a tener almacenes como este. «Podrían haber destinado los 1.300 millones que ha costado esto a investigar en energías renovables», concluye Ulldemolins.