El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, han valorado en rueda de prensa la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ordena la libertad de la presa Inés del Río y rechaza la denominada ‘Doctrina Parot’.

Los ministros se han limitado durante su intervención a explicar su «malestar y dolor» por la decisión de esta corte europea y mostrar su «respaldo a las víctimas del terrorismo» y a insistir en que el fallo de Estrasburgo solo afecta al caso de Inés del Río. «Se ha producido un fallo sobre un caso concreto pero no hay una doctrina generalizada. Hay que individualizar cada una de las peticiones», ha dicho.

Sobre la aplicación de la resolución, que es firme y no cabe recurso contra el mismo, ambos han coincidido en señalar que corresponde a los tribunales españoles decidir sobre la aplicación de la sentencia. «La aplicación práctica corresponde a la justicia española. No es una decisión gubernativa, es una decisión judicial», ha señalado Gallardón para añadir que «es a la Audiencia Nacional a quien corresponde dictar a quiénes afecta aplicar la sentencia».

Durante su alocución, el titular de Justicia ha anunciado que el Estado español actuará contra el patrimonio de Inés del Río, en referencia a la indemnización de 30.000 euros que deberá percibir por orden del TEDH. Ha recordado que Del Río se declaró en insolvente durante el juicio a la hora de ser requerida a indemnizar económicamente a las víctimas y ha dado a entender que utilizarán la cantidad estipulada por Estrasburgo para ese fin. «La etarra ha pasado a tener una deuda con el Estado».

Fernández Díaz también ha dejado en manos de los tribunales la responsabilidad de aplicar la decisión de la Gran Sala. «A partir de ahora serán los tribunales de justicia quienes determinarán cómo se aplica esta sentencia».

El ministro de Interior ha avalado la estrategia del Gobierno español y ha defendido que su Ejecutivo «ha trabajado para defender una doctrina que considera justa con las víctima y extraordinariamente útil en la lucha contra el terrorismo».

Ha señalado que el fallo de Estrasburgo «no altera la voluntad del Gobierno, que se siente claramente acompañado por la mayoría de las fuerzas políticas y de la sociedad española para seguir trabajando hasta conseguir la total disolución de la banda».

Fernández Díaz ha explicado que «seguirá aplicando la ley», y ha puesto como ejemplo de ello la reciente operación contra Herrira, «que llevó a que la Audiencia Nacional decretara el cese de su actividad, el embargo de sus cuentas bancarias y la imputación de varios miembros».