Una delegación encabezada por la embajadora española ante Naciones Unidas en Ginebra, Ana Menéndez Pérez, por su adjunta, Victoria Rodondo Baldrich, dos abogados del Estado y representantes del Ministerio del Interior, así como de la Fiscalía, presentan esta tarde ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU su primer informe sobre el grado de cumplimiento de la Convención Internacional sobre esta materia, tras la visita del Grupo de Trabajo de la ONU al Estado español y a Euskal Herria.

En el informe presentado por anticipado a los miembros del comité y que servirá de base para las deliberaciones, Madrid menciona que asociaciones y ONG han planteado que la Convención sea aplicable a los supuestos de desaparición forzada durante la guerra del 36 y la dictadura franquista, una posibilidad que rechaza el Gobierno español, con el argumento de que la competencia del comité «solo se extiende a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad» a la fecha de su entrada en vigor.

«Dicha entrada en vigor se produjo para España el 23 de diciembre de 2010, por lo que el Comité carece de competencia para el examen de desapariciones forzadas iniciadas antes de dicha fecha», sostiene el documento de la delegación española.

Madrid insiste en que el informe adjuntado comenta los artículos de la Convención «desde la perspectiva de que los mismos se aplican, solo y exclusivamente, a desapariciones forzadas que sean posteriores» a esa fecha.

Amnistía Internacional (AI) ha criticado al Estado español por «su rechazo a resolver el legado de las desapariciones de la era de Franco», lo que considera una «traición a la justicia».