La Fiscalía se ha opuesto al recurso de amparo interpuesto por Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta ante el Tribunal Constitucional ante las condenas de seis y seis años y medio de prisión que les impuso el Tribunal Supremo en el ‘caso Bateragune’, según fuentes fiscales citadas por Efe y Europa Press.

El Ministerio Público estima en sendos informes que no se han vulnerado los derechos constitucionales de los condenados, en concreto, los derechos a la presunción de inocencia, a un juez imparcial, a la prueba y a ser informados de la acusación en relación con el derecho a la defensa y a la prueba, según las citadas agencias.

El fiscal afirma que tanto la sentencia del Supremo como la de la Audiencia Nacional mantienen un correcto «esquema argumentativo» que lleva a dar por probada la autoría de todos los acusados, quienes «lejos de su pretensión de grupo neutro» mantienen «vinculación con las ideas violentas de ETA», por lo que su actuación obedece a una estrategia de la organización clandestina «de desdoblamiento de funciones, asumiendo la lucha armada y delegando la faceta política en grupos satélites, relacionados con la izquierda abertzale».

En este sentido, sostiene que los cinco pertenecían «en calidad de grupo político a la banda ETA en el sentido de querer implantar en Euskadi y Navarra un Estado independiente del Estado español, socialista y revolucionario sin que para sus objetivos renuncien en ningún momento al uso de las armas y sin que en su trayectoria se haya condenado la violencia, ni en grupo ni individualmente».

Según especifica el escrito presentado este jueves ante el TC, la falta de «una condena expresa de la violencia» ubica a los condenados «al otro lado de la legalidad». Alega, asimismo, que existen «pluralidad de indicios» para apoyan las condenas impuestas, entre los que menciona la documentación incautada y las comparecencias de prensa de los cinco militantes abertzales.

El Ministerio Público ya se opuso en su día a que el alto tribunal español suspendiera las condenas mientras el TC no resolviera sobre el fondo del asunto.

El Constitucional admitió en mayo a trámite el recurso, que había sido presentado un año antes por la defensa de los cinco condenados.

Cuatro años encarcelados

Los cinco condenados permanecen en prisión desde que el 13 de octubre de 2009 decenas de agentes de la Policía española entraran en la sede de LAB en Donostia, donde detuvieron a Otegi, Díez, Rodríguez, Jacinto y Rufi Etxeberria. En otros puntos de Euskal Herria eran arrestados Mañel Serra, Miren Zabaleta, Amaia Esnal y Txelui Moreno.

En setiembre de 2011 la Audiencia Nacional española condenó a diez años de cárcel a Otegi y Díez por «pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente» y a ocho años a Zabaleta, Rodríguez y Jacinto por «pertenencia». Txelui Moreno, Mañel Serra y Amaia Esnal fueron absueltos.

Meses después, en mayo de 2012, llegaba el fallo del Tribunal Supremo. Por un estrecho margen, un dividido tribunal no estimó los recursos de la defensa, aunque admitió una rebaja de pena. A Otegi y Díez les impuso seis años y medio de cárcel, mientras que el resto vio reducida su condena de ocho a seis años.