En el largo interrogatorio (se ha extendido durante tres horas) de los abogados Iñigo Iruin y Jone Goirizelaia, el agente 19.242, jefe de la Comisaría Central de Inteligencia de la Policía española, ha indicado que ni siquiera podía probar que los acusados perteneciesen a Hasi, ya que la imputación se basa en su identificación en un control de la Guardia Civil en el exterior de un congreso.

Además, incluso aunque hubiesen militado en el partido desaparecido en 1991, esto no les colocaría en el papel de «miembros de ETA» que ejerciesen el control dentro de la Mesa Nacional de HB, tal y como pretende la acusación.

Con esta primera teoría desarbolada, el resto de fases de supuesto control que el perito policial había defendido a preguntas del fiscal y de las acusaciones populares han ido también cayendo. El policía ha tenido que admitir que no todos los miembros de Hasi pasaron a la «estructura amancomunada» desde la que supuestamente se controlaba HB. Una realidad reforzada incluso por documentos de la época de Jarrai, que sí se encontraba dentro de KAS. Además, a la hora de individualizar las conductas, el agente también ha admitido que no había documentación ni investigaciones que inculpasen a ninguno de los 36 ciudadanos que se sientan en el banquillo.

«¿Se ha hecho informe individualizado?» «No». «¿Seguimientos? «No». «¿Existen alias que se identifiquen con mis defendidos?» «No» «¿Han sido estos emisores o receptores de algún documento de ETA?» «No, porque en ese caso hubieran sido objeto de un informe específico».Este diálogo, que corresponde al inicio del interrogatorio a cargo de Goirizelaia, resume el tono que ha marcado la intervención del perito, que ha reiterado que su papel fue el de desarrollar «hipótesis».

Se reanuda el 6 de febrero

Unas «hipótesis» que, más de una década después, han terminado por sentar en la Audiencia Nacional a 36 ciudadanos vascos que se enfrentan a penas de entre ocho y doce años de prisión.

El proceso, que se desarrolla en la sede de la Audiencia Nacional española de San Fernando de Henares, se ha suspendido hasta el próximo 6 de febrero. Entonces proseguirá con otros peritos policiales, que darán paso al inicio de la parte económica, la relacionada con las «herriko tabernak».