«Queremos hacer un llamamiento a los poderes del Estado español a cambiar de actitud. A que reconozcan el derecho del pueblo vasco a decidir libremente su futuro y se comprometan con la superación de las consecuencias del conflicto». Con estas palabras, en nombre de todos los acusados, ha cerrado Floren Aoiz el turno de última palabra en el proceso 35/02 que hoy ha concluido en la Audiencia Nacional española.

El macrojuicio contra Batasuna ha quedado visto para sentencia y atrás quedan doce años de instrucción, después de que Baltasar Garzón abriese la causa en 2002, y cinco meses de vista. «Este proceso ha culminado en un juicio político, porque no se ha imputado un solo acto violento, sino ideas», ha defendido Aoiz, que ha rechazado que las discusiones políticas se «diriman» en los tribunales.

«Defender la independencia de Euskal Herria y apostar por la transformación social es, sencillamente, nuestro derecho y nadie puede pretender arrebatárnoslo», ha reafirmado, antes de abogar por la libre absolución de todos los encausados.

«Es el pueblo vasco quien deberá de enjuiciar nuestras ideas y nuestras actividades politicas. Y ya se ha expresado contundentemente en contra de la criminalización de la política», ha defendido, recordando las comparecencias públicas de partidos y sindicatos que, hoy mismo, se han expresado en contra del macrojuicio. «La sociedad vasca ya ha juzgado a la izquierda abertzale, otorgándole mayor protagonismo político y la mayor representación institucional de su historia», ha insistido el exparlamentario navarro, quien ha contrapuesto el reconocimiento social del «compromiso con una nueva etapa de soluciones» con la «indignación» ante la «intransigencia y cerrazón» del Estado español, a quien ha invitado a «ser parte activa en la solución».

En opinión de Aoiz, «las acusaciones han querido convertir el proceso en escenario donde alardear de su inmovilismo y revanchismo, posiblemente para intentar ganar en los tribunales batallas perdidas en el plano político». En este sentido, ha destacado la importancia del «nuevo tiempo político» y ha puesto en valor el «compromiso de miles de personas», entre las que se encuentran los encausados.

«Aquí no hay tramas ni entramados, aquí estamos hombres y mujeres que queremos vivir en paz, que queremos la libertad de nuestros pueblo, para que nunca jamás nadie sea perseguido ni juzgado por sus ideas», ha señalado.

El juicio ha quedado visto para sentencia y ahora será la sala quien tenga la última palabra. La Fiscalía pide penas de cuatro años y medio para cinco de los acusados (Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Joseba Alvarez, Juan Kruz Aldasoro y Karmelo Landa), dos años y seis meses para otros siete imputados y dos años y dos meses para el resto, así como el comiso de los bienes de un centenar de «herriko tabernak» y asociaciones culturales. La defensa insta a la libre absolución.

Muestras de apoyo

Los imputados han recibido diversas muestras de apoyo y solidaridad. Desde el mundo sindical, CGT, CNT, EHNE, ELA, ESK, HIRU, LAB y STEE- EILAS han reclamado «la nulidad del procedimiento, la absolución o el sobreseimiento de tal manera que queden en libertad todas las personas juzgadas», abogando por el fin de los juicios políticos y exigiendo «respeto de manera incondicional el pluralismo político y los derechos fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión», así como «que se sienten unas bases sólidas de convivencia democrática».

También desde la diáspora vasca de Argentina, Chile, México y Uruguay se ha expresado la adhesión a los encausados, invitando a los vascos de Amércia del sur «a efectuar gestos de solidaridad con los imputados en el macrojuicio 35/02 y, en definitiva, con el proceso de paz en Euskal Herria».