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ESTRASBURGO

Estrasburgo obliga al Estado español a no expulsar a 30 saharauis a los que negó el asilo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha obligado al Estado español a mantener en su territorio a 30 saharauis a los que se rechazó conceder asilo, hasta que se resuelvan definitivamente sus peticiones de protección.

Imagen del campamento de Gdeim Izik, desmantelado por la Policía marroquí en noviembre de 2010. (AFP)
Imagen del campamento de Gdeim Izik, desmantelado por la Policía marroquí en noviembre de 2010. (AFP)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha obligado al Estado español a mantener en su territorio a 30 saharauis a los que se rechazó conceder asilo y que demandaban al Estado por no haber obtenido respuesta a las peticiones que plantearon a los tribunales españoles.

La sentencia establece que los saharauis no podrán ser expulsados «hasta que se produzca una decisión definitiva sobre sus demandas de protección internacional». Los demandantes consideran que en su caso se vulneraron los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 13 (derecho a un recurso efectivo), de la Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En su recurso ante Estrasburgo alegaron que escaparon de un campo del Sahara Occidental después de que este fuera atacado brutalmente por la Policía marroquí y que llegaron en barco a Canarias entre enero de 2011 y agosto de 2012.

A su llegada al Estado español solicitaron asilo, pero esta protección les fue denegada por el Gobierno. Sus recursos administrativos contra esta decisión fueron rechazados igualmente de forma sistemática, por lo que consideran que sus derechos fundamentales se vieron vulnerados.

El TEDH considera que «no se han agotadado las vías legales de recurso contra el rechazo del asilo en la jurisdicción nacional», por lo que «la Justicia no ha tenido aún ocasión de pronunciarse de forma definitiva.

El tribunal resuelve que «el Estado español deberá de garantizar, jurídica y materialmente, la estancia de los demandantes en el territorio español durante el examen de sus causas y hasta que exista una decisión definitiva sobre sus demandas». Considera que España ha violado el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional.