Recientemente ha saltado a los medios de comunicación la decisión adoptada por la Administración Navarra de repetir el proceso de asignación de plazas a los trabajadores que se han visto beneficiados por el proceso de estabilización en la escala de administrativos.

Dicha decisión, tal como ha manifestado la Consejera de Interior del Gobierno Foral, Amparo López, ha sido tomada tras detectar, a raíz de la presentación de unos recursos de alzada, que  no todos los puestos de trabajo adjudicados se ajustan a la normativa, ya que se han dejado de ofertar algunas de las plazas de mayor antigüedad.

Aunque este hecho haya sido justificado por la consejera aludiendo al gran volumen de información que se ha manejado en dicho proceso, llama la atención que en una sociedad como la actual, en la que toda la información está informatizada, pueda llegar a cometerse un error al ordenar simplemente unos puestos de trabajo atendiendo a su antigüedad.

No es ningún secreto la existencia de amiguismos en la Administración Pública y no somos pocos los que sospechamos que muchas plazas, en todos y cada uno de los niveles, no se ofertan ni se sacan a Concurso de Traslados, deliberadamente, porque se quieren reservar para determinadas personas contratadas las cuales parecen ser intocables.

Los recursos de apelación presentados a este proceso de estabilización deberían de tener como consecuencia inmediata que se acabara ya, de una vez por todas, con los privilegios de los cuales gozan, incomprensiblemente, algunas personas en la Administración Pública.

Es la propia credibilidad del sistema público lo que está en entredicho. Un sistema público en el que la gestión, de los recursos, tanto humanos como materiales, debería de ser realizada siempre  desde la transparencia, pero en el que, desgraciadamente, se percibe un cierto olor a podrido.