Un informe con los datos recopilados por Infojobs y Fotocasa que se hizo público ayer concluye que en 2023 los habitantes de la CAV necesitaban destinar nueve años de su salario íntegro para pagar una vivienda de 80 m2, tres meses más que un año antes. La vivienda sigue encareciéndose mucho más rápido que lo que suben los salarios. En 2023 crecieron un 2,9%, algo por debajo de la inflación que fue del 3,1%, impulsados sobre todo por la subida del salario mínimo. Con todo, se han quedado muy lejos de los precios de las viviendas de segunda mano que han subido un 6,1%, aunque Fotocasa ha detectado variaciones de hasta el 10,8%. La gente sigue teniendo que hacer un esfuerzo ímprobo para acceder a una vivienda.

Una situación que ha sido repetidamente denunciada y que muestra que la política de vivienda en la CAV ha fallado estrepitosamente. Es incapaz de contener los precios debido al creciente flujo de capital especulativo que los fondos buitre  están invirtiendo en inmuebles y que da lugar a esas variaciones, a menudo abruptas, en los precios. En este contexto, la única forma de contener los precios es desincentivar esas prácticas especulativas estableciendo topes a los precios y a la acumulación de inmuebles, y acotando determinados usos de las viviendas familiares, como puede ser su utilización como apartamentos turísticos. Instrumentos existen. De hecho, el PNV presume en Madrid de Ley de Vivienda vasca, pero olvida decir que votó en contra junto con el PP. Y cuando una ley similar se aprobó en Madrid, decidió recurrirla; cualquier cosa con tal de no aplicar las herramientas de la ley, tal y como han pedido un buen número de ayuntamientos vascos.

Al PNV le falta voluntad para defender el derecho a la vivienda de la gente. Responde a los intereses del capital, de los fondos y los grandes rentistas. De ahí que durante la campaña haya tratado de esconder esa falta de voluntad embarrando el debate con falsedades sobre la deducción de vivienda. Le guste o no, garantizar el derecho a la vivienda significa sacarla de la lógica del beneficio. Y para ello es imprescindible poner límites a los movimientos especulativos del capital.