El tema de la reconversión industrial de las cuencas mineras no es nuevo. De hecho, viene de muy lejos, concretamente, desde cuando la industria del carbón dejó de ser rentable debido a la liberalización del comercio del carbón y la imposible competencia con el carbón extranjero -hoy en día las minas del Estado español producen 8,5 millones de toneladas anuales, mientras que se importan entre 16 y 20-. El concepto de la reconversión -y las cantidades ingentes de dinero que ha llevado consigo- planean, por lo tanto, desde hace más de 20 años sobre las cuencas mineras del norte del Estado, sin que haya habido resultados tangibles a día de hoy.

El primer gran plan de reconversión industrial fue puesto en marcha por Felipe González, que dedicó la poco despreciable cifra de tres billones de pesetas para remodelar el sector; dinero que no provenía de la Unión Europea, sino de las propias arcas del Estado. De reconversión, sin embargo, poco o nada, ya que la mayor parte de la inversión se dedicó al «saneamiento financiero» de las empresas mineras.

Durante las siguientes décadas, las subvenciones para la industria minera y su reconversión siguieron llegando, sobre todo desde la Unión Europea, hasta que en 2010, la propia UE anunció la prohibición de subvencionar las minas de carbón a partir de 2014 -poco después prorrogó dicha fecha hasta el año 2018-. Autoproclamado como líder de la austeridad, el PP parece haber querido adelantar dicha fecha seis años y poner fin a las ayudas cuanto antes.

Vale decir que durante todos estos años la actividad minera ha descendido notablemente, pasando de los 52.910 mineros de 1985 a los 7.900 de la actualidad. Poca duda cabe también sobre el poco futuro que le queda a un combustible fósil como el carbón en una sociedad que tendrá que caminar inexorablemente hacia las energías renovables y no contaminantes si es que quiere seguir habitando este planeta. Pero de aquí a cerrar las minas de la noche a la mañana, condenando a las cuencas mineras a un negro futuro, hay un buen trecho.

Y ese futuro sería negro, como ya se ha dicho, debido al fracaso de los sucesivos planes de reconversión. Después de jugar a ignorar la protesta, cuando la caverna mediática se ha lanzado a estigmatizar a los mineros, ha jugado la baza de las altas jubilaciones que reciben los trabajadores al dejar las minas a los cuarenta y algo años. Resulta difícil criticar dichas jubilaciones a trabajadores que desempeñan su trabajo en condiciones tan precarias, jugándose la salud a diario, sobre todo cuando dichos «privilegios» fueron conseguidos a base de movilizaciones sociales y sindicales que convirtieron Asturias en vanguardia de la lucha obrera a lo largo de todo el siglo XX.

Es iluso pensar, además, que los fondos para la minería han ido íntegramente a engordar las pensiones de los mineros jubilados cuando, como ya se ha señalado, buena parte de las subvenciones fueron a parar al saneamiento de unas empresas que no hicieron los deberes cuando el sector todavía era rentable. Tampoco caben ignorar las denuncias de despilfarros realizadas desde diferentes sectores, como las del poco sospechoso ex secretario general del PSN, Carlos Chivite, que en su etapa como senador ya señaló que los fondos mineros se estaban empleando «de forma escandalosa, no para generar actividades alternativas en las zonas afectadas, sino para otros usos, y todo el mundo sabe de qué se está hablando». Unas denuncias que deberían clarificarse todavía más en la tesitura actual.

No es difícil, por lo tanto, entender las protestas mineras, que no defienden su trabajo por las idílicas condiciones de las que disfrutan, sino porque es la tabla de supervivencia en unas cuencas donde las minas siguen siendo el único motor económico y en las que la tasa de desempleo y la emigración no han hecho más que crecer en los últimos años.