El escrito de Urquijo, enviado al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional española, informa de que los organizadores de la proyección «adelantaron» 24 horas su emisión en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia «con la intención –dice– de evitar un pronunciamiento de la Fiscalía» que la propia Delegación de Gobierno español en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa había solicitado este lunes.

Urquijo pide a la Fiscalía que evalúe si, con su emisión, tanto la Alcaldía de Donostia como los promotores de su difusión han podido incurrir en «alguno de los supuestos previstos en la Ley 4/2008 de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, así como en la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo».

El delegado explica que ha remitido esta información a la Fiscalía dado que «alguno de estos comportamientos, por ejemplo el enaltecimiento de terroristas, está tipificado como delito en el Código Penal».

El Teatro Victoria Eugenia fue alquilado para la proyección ayer, en dos pases privados, del documental ‘Barrura begirako leihoak’ que relata las historias de cinco presos políticos vascos a través de los ojos de otros tantos directores.

La productora, Zinez, dijo ayer que a las proyecciones privadas habían sido invitadas las personas que colaboraron en la realización de la película de manera desinteresada.

Este film y su productora ya fueron objeto de la persecución política y mediática, impulsada en parte por el propio Urquijo, y Zinez tuvo incluso que renunciar a la subvención que le había dado el Ayuntamiento de Donostia.