En la primera sesión de la vista oral, el abogado del capitán del Prestige, José María Ruiz Soroa, ha pedido la suspensión del juicio y el sobreseimiento de la causa en lo que se refiere a la acusación de su cliente, Apostolos Mangouras, que está imputado por un delito contra el medio ambiente.

Además, ha puesto en duda que el Estado español pueda garantizarle un juicio «justo cuando se le llamó pirata a los dos días de la catástrofe», en referencia a los términos utilizados por el Gobierno español en su día.

En su intervención ante el tribunal, ha denunciado la «vulneración de derechos fundamentales» y la existencia de «irregularidades flagrantes» en la obtención de documentación por parte de las autoridades marítimas. Ha criticado que el Gobierno español se valió de su poder para inspeccionar el pecio del barco sin dar a la defensa «posibilidad de participar en los reconocimientos», y ha asegurado que la documentación fue «incautada» del buque, por lo que ha instado a la sala a que excluya esas pruebas del sumario.

El letrado ha reclamado la suspensión del juicio basándose en que se pide la responsabilidad subsidiaria de la compañía Universe Maritime, encargada de la gestión técnica y comercial del barco, sin que esté personada en el juicio.

Por su parte, la abogada del Estado que representa al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, ha dejado abierta la posibilidad de pedir la suspensión del juicio si el tribunal acepta un informe pericial propuesto por la defensa del capitán del Prestige, a fin de disponer de tiempo para «conocer y valorar» el documento.

La Fiscalía eleva la petición de indemnizaciones

El fiscal especial de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha elevado a 4.121,64 millones de euros la petición de indemnizaciones por los daños causados, frente a los 2.233,76 millones que había pedido inicialmente.

Ha justificado esa petición en un informe elaborado por expertos de la Universidad de Santiago, que fija el alcance de los daños en 3.862,42 millones sólo para el Estado español, a los que habría que sumar las compensaciones para el Estado francés.

Los expertos consideran que esa es la cuantía económica adecuada para compensar los notables daños causados por el vertido, especialmente en sectores como el pesquero en uno de los principales caladeros del Atlántico, que quedó afectado durante años y registró un notable descenso de las capturas.

Una década después

El juicio por la mayor catástrofe medioambiental que ha sufrido Galicia ha arrancado a punto de cumplirse una década de la marea negra provocada por el hundimiento del petrolero Prestige. Están imputadas cuatro personas, para las que se piden penas de entre 4 y 12 años de prisión.

En su primera jornada el tribunal fijará las indemnizaciones definitivas que se reclamarán por la mayor catástrofe medioambiental en Galicia.

En principio está previsto que el juicio se prolongue hasta finales de mayo de 2013, aunque los interrogatorios a los acusados no se iniciarán hasta el 13 de noviembre, coincidiendo con el décimo aniversario del siniestro.

En este sumario están procesados el capitán del barco, el griego Apostolos Manguras, de 77 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia; los mismos delitos que se les imputan a otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas.

En el banquillo de los acusados también se sentará José Luis López-Sors, ex director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas del Golfo de Bizkaia.

La Fiscalía solo pide penas de cárcel para el capitán del buque, aunque las acusaciones particulares ejercidas por diversos colectivos reclaman prisión para todos los imputados, con condenas que van desde los 4 a los 9 años.

Donibane Lohizune y Bidarte, personados en la causa

Dadas las dimensiones del macrojuicio, que cuenta con 2.128 partes personadas –entre ellas los ayuntamientos de Donibane Lohizune y Bidarte–, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores, la Audiencia Provincial de A Coruña se ha visto obligada a habilitar el recinto multiusos Expocoruña para celebrar la vista oral.

La marea negra también llego a las costas de Euskal Herria

El periodo más significativo de la crisis provocada por el Prestige en Euskal Herria tuvo lugar entre los meses de febrero y marzo de 2003, cuando la arribada de fuel a la costa vasca fue más intensa.

El dispositivo puesta en funcionamiento, y formado por buques pesqueros, recogió, no obstante, hasta setiembre de 2004, más de 21.000 toneladas de residuos de fuel, frente a las algo más de 3.200 que se recogieron en la costa.