Somalia es uno de los países más pobres del mundo, lleva 20 años sufriendo una guerra de baja intensidad –a veces no tan baja– y las constantes sequías la han condenado en numerosas ocasiones a la hambruna. Hace años, el hambre era combatido en buena parte gracias a la pesca artesanal repartida a lo largo de los 3.300 kilómetros de costa del país. Hoy en día, eso es casi ilusión.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hasta 800 barcos extranjeros pescan de forma ilegal en aguas somalíes, extrayendo pescado por valor de 300 a 450 millones de dólares al año, sobre todo atún, camarones y langostas. Embarcaciones de gran tamaño, capaces de capturar en un día lo mismo que un pescador artesanal recoge a lo largo de todo un año.

Ante la pesca ilegal, un Estado débil con un presupuesto anual de 100 millones de dólares y que ni siquiera cuenta con una marina militar. No pueden combatir, como Estado, contra la pesca ilegal, efectuada sobre todo por europeos, igual que no han podido hacer nada ante los vertidos tóxicos que llegan a su costa. Tras el tsunami de 2005, más de 300 personas murieron en un breve espacio de tiempo debido a la radiación de residuos nucleares. Investigando las causas, el enviado de la ONU a Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, sentenció que «alguien está vertiendo material nuclear aquí. También hay plomo y materiales pesados como cadmio y mercurio, vamos, de todo». Algunos informes apuntan a que son residuos de hospitales y fábricas europeas, entregadas a la mafia para que se deshaga de la manera más barata.

Y en este contexto de país vertedero y saqueado, aparecen de un tiempo a esta parte los que Europa ha dado en llamar «piratas somalíes», muchos de los cuáles no son más que pescadores reconvertidos. El diario somalí online Wardheer News ha calculado en un 70% el apoyo de los somalíes a la piratería como «forma de defensa nacional de las aguas territoriales del país». Johann Hari, de Global Research, recuerda que durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, «George Washington y los padres fundadores pagaron a piratas para proteger las aguas territoriales de su país porque no tenían marina ni guardacostas propios», y se pregunta sobre el caso de Somalia: «¿Es esto tan diferente?».

Como ya se sabe, la reacción de la Unión Europea, encabezada en buena parte por el Estado español, fue lanzar en diciembre de 2008 la operación militar ‘Atalante’, con un coste superior a los 150 millones de euros. Podría ser lógico que la operación serviría también para poner fin a la pesca ilegal, pero resulta que no, que más bien se trata de todo lo contrario. En 2009, el almirante británico Peter Hudson, a cargo de la operación, no dudó en declarar sobre la pesca ilegal: «No es ni mi función ni mi cometido».