El borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), que este martes estudiarán el Gobierno español y las comunidades en la Conferencia Sectorial de Educación recoge que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua vehícular de la enseñanza» y establece que el español y su literatura tendrán «el tratamiento necesario para que todos los alumnos la comprendan y se expresen en ella con corrección, de forma oral y por escrito, al finalizar la enseñanza básica».

Las administraciones deberán sufragar los gastos de la escolarización en centros privados si los alumnos no encuentren una oferta docente pública o concertada en español.

Asimismo, señala que en los territorios que posean otra lengua oficial junto al español, las adminsitraciones educativas «deberán garantizar en todas las etapas educativas obligatorias que esas lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas».

Además, añade que corresponde a estas administraciones determinar la proporción que proceda en el uso del español y la lengua cooficial como lenguas vehiculares en el sistema educativo, en atención al estado de normalización lingüística.

La consellera de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, ha denunciado que este nuevo borrador «tumba» la inmersión lingüística en Catalunya al relegar la lengua catalana a materia «de especialidad» –en vez de troncal–, y al establecer la proporcionalidad del español y el catalán en las escuelas públicas.

Rigau, en una rueda de prensa urgente ha explicado que la nueva norma prevé que, mientras no se aplique, la Administración pague la enseñanza en castellano en centros privados de las familias que lo pidan.

Rigau ha deplorado que el texto «rompe el modelo de escuela catalana» y supone la mayor ofensiva contra el catalán desde 1978.