La portavoz del Consejo General del Poder Judicial español, Gabriela Bravo, ha explicado que los magistrados tumban dos de las principales medidas impulsadas por el nuevo Código Penal: la cadena perpetua y la «custodia de seguridad», que implicaba mantener en la cárcel a un preso durante un máximo de diez años tras el cumplimiento de su condena.

El informe del órgano judicial, sin embargo, no es vinculante, por lo que el Gobierno español podría seguir adelante con una iniciativa que aireó en setiembre para contentar a sus sectores más duros. El plan, que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, centró en organizaciones armadas y «delitos de especial gravedad», no tendrá consecuencias en Euskal Herria, ya que ETA ha decretado desde hace más de un año el cese definitivo de su actividad armada.

Los magistrados del CGPJ han avalado el informe de la Comisión de Estudios que ya apuntaba sus dudas hacia la constitucionalidad de ambas propuestas. Eso sí, lo ha hecho con matices. Sobre la cadena perpetua, 15 jueces han considerado que no vulnera el artículo 25.2, que garantiza el derecho a la reinserción. Otros cinco, entre ellos la ponente del informe, Margarita Robles, mantienen, tal y como habían señalado en el documento debatido este miércoles, que este punto también es violentado. Han anunciado que presentarán un voto particular.

«Falta de definición»

En lo que sí están de acuerdo los togados es en que la denominada «prisión permanente revisable» es contraria al punto 25.1 de la Constitución española. Este indica que «Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».

«La falta de definición y el principio de revisión podría vulnerar el principio de seguridad jurídica», ha aclarado Bravo.

La denominada «custodia de seguridad» también genera sospechas de inconstitucionalidad. La portavoz del CGPJ ha considerado que «supone vulnerar el principio de legalidad y proporcionalidad». Además, ha añadido que «la selección de los delitos carece de ponencia sistemática y puede caer en la arbitrariedad».

Ambas medidas constituían uno de los grandes arietes presentados por Gallardón para la reforma del Código Penal presentada en setiembre de 2012. La cadena perpetua pretende que los penados cumplan un mínimo de entre 25 y 35 años para, posteriormente, ser evaluados por un juez. La «custodia de seguridad» prevé la posibilidad de alargar hasta en 10 años la estancia en la cárcel de un prisionero.

Según señaló entonces el ministro, la ampliación de las penas estaría destinada a miembros de organizaciones armadas y «delitos de especial gravedad», lo que provocó una oleada de críticas por parte del sector progresista de la magistratura, que acusaban al PP de legislar a golpe de titular. La presentación del plan, que ni siquiera era un decreto ni una propuesta cerrada, tal y como acostumbra a hacer el Ejecutivo, fue interpretada como un guiño a sus sectores más ultras.