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La oposición navarra promoverá una ley para derogar el decreto sanitario de Barcina

La oposición del Parlamento navarro, excepto el PPN, considera que la calidad asistencial «sufre un grave retroceso» con el decreto sobre la atención sanitaria continuada y urgente, especialmente en zonas rurales, y se deterioran las condiciones laborales.

Todos los grupos parlamentarios navarros de la oposición a excepción del PP se han unido en una proposición de ley para derogar el Decreto Foral aprobado por el Gobierno de Yolanda Barcina y publicada ya en el Boletín Oficianl de Nafarroa sobre atención sanitaria continuada y urgente. La oposición promoverá una ley para poder derogar el decreto de UPN.

Bildu, NaBai, PSN, Izquierda-Ezkerra y los parlamentarios no adscritos de Geroa Bai, en total 27 de los 50 escaños que tiene la Cámara Foral, sostienen en su iniciativa que el Decreto tiene «la oposición frontal de los agentes sanitarios implicados en el proceso de la reforma sanitaria, así como de la mayoría política, sindical y social».

Entienden por ello, según la información facilitada por I-E, que se deben mejorar aspectos relativos a la asistencia con criterios de calidad asistencial, que «sufre un grave retroceso» especialmente en zonas rurales, y sin que primen los aspectos económicos.

Y es que en su opinión, el modelo diseñado por el Gobierno de UPN, en el que «desaparecen» puntos de atención rural y se retoman las guardias localizadas que se eliminaron en 2008, «alargarán inevitablemente los tiempos de demora en urgencias que podrían ser vitales, aumentando los riesgos» para los habitantes de estas zonas.

La oposición denuncia asimismo que la reforma del gabinete de UPN implica un «deterioro en las condiciones laborales y el empleo» ya que el Decreto conlleva «la pérdida de al menos 45 puestos de trabajo» mientras «es previsible que se incentiven las guardias y las horas extras para realizar los módulos de la tarde».

Ante esta situación, los firmantes de la proposición de ley, que quieren que sea debatida y votada por el procedimiento de lectura única, proponen la derogación de este Decreto y que el Gobierno realice en el plazo de un año «una verdadera evaluación de las necesidades sanitarias de las zonas rurales en lo relativo a la atención continuada y urgente, con la participación efectiva de municipios y profesionales».