Cargos electos de las zonas afectadas se muestran contrarios a la planta incineradora de Portland

Cargos electos de las zonas afectadas por la planta incineradora de Olatzagutia han pedido a Barcina que revoque su decisión de autorizar la práctica de la incineración en Cementos Portland y que atienda a la voluntad de la mayoría social, política e institucional de los valles afectados.

NAIZ.INFO|IRUÑEA|2013/01/22
20130122_sakana
Imagen de la rueda de prensa que han ofrecido cargos electos de las zonas afectadas acompañados de parlamentarios de Bildu, NaBai e I-E. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)

La alcaldesa de Olatzagutia, Gurutze Rodríguez, y el concejal de Altsasu Unai Hualde, acompañados por parlamentarios de Bildu, NaBai e I-E, han dado a conocer en una rueda de prensa la postura de los ayuntamientos de Sakana, Lautada y Estellerria en relación con el tema de la incineradora de Cementos Portland.

Su comparecencia ha tenido lugar tras la aprobación del proyecto que autoriza a la empresa incinerar residuos en su planta de Olatzagutia, y después de un fin de semana en el que cargos públicos han permanecido encerrados en el Ayuntamiento de esa localidad, donde además ha tenido lugar una movilización de protesta.

Los cargos electos han considerado la decisión del Gobierno foral como un «ataque a la autonomía municipal», por lo que, una vez que reciban la notificación oficial, tienen previsto presentar un recurso ante el tribunal Superior de Justicia de Nafarroa.

Asimismo, han anunciado la convocatoria de movilizaciones a nivel social en una fecha aún sin concretar, que podría situarse en torno al 16 o 17 de marzo.

La aprobación de un proyecto de estas características, según han explicado, es una «fórmula extraordinaria, un instrumento cada vez más utilizado por un Gobierno en minoría que quiere imponer criterios por encima de los ayuntamientos».

A esto han añadido como «agravante» el hecho de que no se trata de un proyecto de interés público, sino de una iniciativa que, «con la oposición casi unánime de los ayuntamientos de la zona afectada favorece los intereses particulares de una empresa privada».

Junto a esto, han citado el peligro para la salud que conlleva la puesta en marcha de la incineradora, que también «compromete seriamente» al desarrollo socioeconómico de los valles afectados.

Por todo ello, han pedido al Gobierno de Barcina que deje sin validez este proyecto y atienda a la voluntad de la mayoría social, política e institucional de los valles afectados.