Alduntzin acusa a los anteriores responsables de GHK de actuar de forma «despreciable»

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa emprenderá acciones judiciales contra los bancos privados con los que se suscribieron los créditos los anteriores gestores para financiar la construcción de la incineradora en Zubieta. Juan Carlos Alduntzin ha acusado a Carlos Ormazabal y Joxi Etxezarreta de actuar de forma «despreciable» e «irresponsable con el dinero público».

Naiz.info|Donostia|2013/02/08|0 iruzkin
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El presidente del Consorcio de Residuos, Juan Carlos Alduntzin. (Juan Carlos RUIZ/ARGAZKI PRESS)

El presidente de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK), Juan Carlos Alduntzin, ha informado en una rueda de prensa de que la Asamblea del organismo, en su reunión de esta mañana, ha refrendado la decisión que adoptó la semana pasada el Consejo de Administración de «interponer una demanda» contra La Caixa y Banesto si «la vía amistosa», que ya «se trabaja» desde hace tiempo con estas entidades, «no da sus frutos».

Se trata de «adecuar» los contratos de cobertura a los contratos de préstamo, ha explicado Alduntzin, quien ha afirmado que hasta el momento se han utilizado 9,7 millones de euros pero los bancos están liquidando intereses sobre 95 millones, calculados en función del calendario hipotético que establecía el plan de financiación de las infraestructuras a construir en Zubieta.

«Los intereses totales de estos contratos pueden ser de 90 millones», ha denunciado, y ello «independientemente de que se construya o no» la incineradora.

Su anterior presidente, Carlos Ormazabal, diputado foral de Medio Ambiente en el mandato de Markel Olano (PNV), y su director general, Joxi Etxezarreta, «actuaron de forma absolutamente equivocada», ha dicho Alduntzin, quien les ha reprochado haber actuado de manera «despreciable» e «irresponsable con el dinero público».

El presidente de GHK, hasta hace unos meses diputado de Medio Ambiente del actual gobierno foral de Martin Garitano (Bildu), ha asegurado que «el único objeto de esos contratos (de cobertura) era construir una planta incineradora tóxica que nadie quiere».

Esos contratos –denominados ‘swap’– «pretendían garantizar la financiación de la incineradora, pero se han convertido en productos tóxicos», ha advertido Alduntzin.

Ormazabal y Etxezarreta, ha recalcado, «firmaron productos especulativos» y «continuar en esta situación sería muy perjudicial para el Consorcio y sus actividades».

Respecto a si continuarán con los préstamos solicitados, que superan los 230 millones de euros, ha indicado que, «evidentemente, no se van a mantener» porque «el Consorcio tiene claro que no se va a gastar ese dinero», que «es una barbaridad».

Si dichos contratos de crédito «se rompen, no hay que pagar indemnización», ha subrayado, pues «como es habitual, tienen una cláusula de cancelación, con cifras normales, pequeñas».

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