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Desahucios, ¿y ahora qué?

Tras ceder a la presión popular y aceptar la tramitación de la ILP contra los desahucios, el PP prevé ahora diluir las demandas de la PAH, fusionándolas con su proyecto de ley, que se basa en el decreto gubernamental de noviembre y que no ha servido ni para parar una decena de desahucios en los últimos meses.

Beñat Zaldua|Barcelona|2013/02/19
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Manifestación contra los desahucios en Bilbo. (Marisol RAMIREZ/ARGAZKI PRESS)
Varias encuestas publicadas en los últimos días sitúan en un 90% el apoyo ciudadano a las demandas de mínimos de la plataforma.

Tras el innegable éxito conseguido el pasado 12 de febrero, cuando consiguieron forzar la rectificación del PP y lograr que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios se tramitase en el Congreso, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se prepara ahora para dicha tramitación, que se realizará por vía de urgencia, por lo que durante el mes de marzo el proyecto de ley debería estar listo para su votación.

El temor expresado por la PAH desde entonces tiene que ver con el riesgo de que el PP aproveche la tramitación de urgencia para descafeinar las tres principales demandas de la ILP: la dación en pago retroactiva, la moratoria de desahucios y el parque de alquiler social. Y, a tenor, de lo observado, el temor está más que justificado, ya que la apuesta del PP sería la de fusionar la ILP con su propio proyecto de ley, derivado del decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de noviembre.

Proyectos de ley incompatibles

Desde la PAH ya han anunciado que sus demandas son de mínimos y, consecuentemente, innegociables, lo que choca con el proyecto de ley del PP que asume algunas de las medidas propuestas por la plataforma, pero imponiéndoles unas condiciones restrictivas. Por ejemplo, solo servirá para paralizar desahucios de afectados cuya renta no supere los 19.200 euros al año o cuando las cuotas superen el 50% de sus ingresos. No será suficiente, además, con cumplir estas condiciones, ya que la familia deberá ser numerosa o tener un menor de tres años o una persona en situación de dependencia a su cargo, entre otras restricciones, para poder acogerse a la ley. El proyecto del Gobierno español tampoco contempla ningún tipo de retroactividad, ni siquiera en los casos que hipotéticamente cumpliesen con todos los requisitos, y el alquiler social que prevé se sitúa en un indefinido «precio bajo», sin recoger la demanda de la PAH, que concreta en un máximo de 30% de los ingresos lo que una familia debería gastarse en dicho alquiler.

Para hacerse una idea de la magnitud de las restricciones, basta decir que, en tres meses, estas medidas no han servido para parar ni una decena de desahucios y que la mayor parte de personas en procesos de ejecución hipotecaria cuyo suicidio ha empezado a trascender desde hace unos meses no podrían haberse acogido a la ley. También resulta significativo resaltar que antes de que el Ejecutivo del PP anunciase estas medidas, la banca española ya se había mostrado favorable a ellas.

Así las cosas, estas próximas semanas se enfrentarán en el Congreso dos visiones opuestas de la problemática. En representación de la banca intercederá el PP, con el previsible apoyo parcial de CiU, cuyo líder en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, declaró en una entrevista el pasado domingo que elementos como la retroactividad le parecen «una barbaridad». Con la duda de si el PSOE se mantendrá firme en su decisión –ya ha frenado en tres ocasiones anteriores la dación en pago–, el resto del arco parlamentario ha anunciado que apoyará sin fisuras la ILP.

Desde la PAH ya han advertido contra el intenso trabajo de lobby que emprenderán las entidades financieras, algo a lo que cabe sumar el previsible fin del idilio entre la PAH y los grandes medios de comunicación en el momento en que los primeros hagan efectivo el anuncio de presión y señalamiento a los diputados en forma de «escrache». Pero la PAH no está sola. Las encuestas publicadas por varios medios en los últimos días sitúan cerca del 90% el apoyo de la población a sus demandas y las multitudinarias manifestaciones del pasado 16 de febrero sirven de aval.

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