La huelga de jueces en la CAV convocada en protesta por las reformas del Gobierno español está siendo secundada por 101 magistrados titulares, un 54,01% de los 187 que componen la plantilla.

El comité de huelga ha facilitado los datos de seguimiento a través de un comunicado de la asociación Jueces para la Democracia.

Araba es el territorio donde se ha registrado un mayor seguimiento (72,4%), puesto que 21 de los 29 jueces titulares están secundado la protesta. En Gipuzkoa, el apoyo es del 47,9% (23 de 48 jueces), un porcentaje casi similar al de Bizkaia, sede del TSJPV, donde son 57 los jueces en huelga de los 120 que integran la plantilla (47,5%).

Por otra parte, el 50% de los jueces y magistrados en activo de Nafarroa, un total de 31, han secundado la jornada de huelga convocada por las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

Aunque los fiscales no se han sumado a la huelga en Nafarroa, varios de ellos han asistido a la concentración realizada a las 12.00 frente al Palacio de Justicia de Iruñea.

Concentraciones similares han tenido lugar en las otras tres capitales de Hego Euskal Herria.

La protesta, que ha contado con la adhesión de los sindicatos ELA, LAB, CCOO, CSIF, STAJ y UGT ha provocado la suspensión de numerosos juicios y vistas.

En las movilizaciones, los colectivos de la administración de justicia han reclamado el incremento de inversión pública en este ámbito para que se pueda disponer de medios materiales y personales «suficiente» para desempeñar sus funciones, así como la paralización del proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

También instan a la derogación de la Ley Orgánica 8/2012, para «garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal y se equipare a la media europea», el doble que en el Estado español.

La derogación o modificación de la ley de Tasas es otra de sus reclamaciones, para que «las tasas judiciales no supongan una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos».

A ello se suma la instancia a reformar la Ley del Indulto, ya que en la actualidad «incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria».