Con el paquete de medidas anunciado, que se ha mostrado dispuesto a debatir con el resto de grupos, Mariano Rajoy ha tratado de lanzar la imagen de que combate los escándalos que asedian a buena parte de la clase política española, especialmente al PP. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo español ha intentado diluir las responsabilidades asegurando que «ni todos los políticos son corruptos ni nos hundimos por culpa de la corrupción». Además, ha intentado minimizar su alcance asegurando que «no es verdad que en España haya un estado generalizado de corrupción», sino que esta se limita a casos concretos.

Entre las medidas propuestas por el Gobierno del PP están la aplicación de la Ley de Transparencia a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos, la aprobación de una Ley Orgánica que controle la actividad económico-financiera de los partidos, otra Ley Orgánica que regule el ejercicio de las funciones políticas, una regulación parlamentaria de los lobbies (al estilo de lo que ya opera en EEUU), la reforma del Código Penal con un endurecimiento de penas y que los delitos tarden más en prescribir y una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procesos.

Según ha señalado durante su discurso ante la Cámara Baja, el Gobierno buscará ahora las aportaciones del resto de formaciones. Sin embargo, esta supuesta mano tendida choca con la actitud que hasta el momento ha mantenido el PP en el Congreso, vetando las peticiones de comparecencias de todos sus ministros para cuestiones relacionadas con la corrupción.

Entre ellas, la de Ana Mato, ministra de Sanidad a quien se vincula con la trama Gürtel a través de su exmarido, Jesús Sepúlveda, o Cristóbal Montoro, que no ha dado explicaciones sobre quién se acogió a la amnistía fiscal.

«España es un país limpio, que lo está pasando mal, en el que surgen casos de corrupción como en cualquier otro pero en el que sus instituciones están sanas y la inmensa mayoría de sus responsables sirven honradamente al país», ha afirmado Rajoy.

Además, ha intentado generar un muro de protección contra las crecientes acusaciones a su partido. «Estoy dispuesto a perseguir la corrupción donde aparezca, pero no podemos permitir que se escriba, otra vez de España, una Leyenda Negra», ha remarcado. En este sentido, ha insistido indicando que «no quiero» que el Estado español «se convierta en un país inhabitable porque se aplaudan las acusaciones sin pruebas. Porque causan daños que ni la rectificación podrá reparar, porque ya son irreparables».

No hablaba de ‘Egunkaria’, cuya clausura aplaudió el Gobierno del que él mismo formaba parte. Se refería a las revelaciones periodísticas que apuntan a una corrupción sistematizada en la cúpula del PP a través de una trama controlada por su extesorero, Luis Bárcenas. Un nombre que ni siquiera ha sido mencionado.