@zalduariz
Barcelona

La soberanía a debate

Pasadas la manifestación de la Diada, las elecciones del 25 de noviembre y la Declaración de Soberanía, Catalunya se encuentra en pleno proceso de preparación del terreno para ejercer el derecho a decidir, momento en el que aparecen las dudas, las dificultades y las convicciones. Lo analizamos a partir de las entrevistas publicadas en NAIZ la semana pasada.

‘Catalunya nuevo estado de Europa’ fue el lema de la Diada. LLUIS GENE / AFP
‘Catalunya nuevo estado de Europa’ fue el lema de la Diada. LLUIS GENE / AFP

A lo largo de la semana pasada, NAIZ publicó una serie de entrevistas con las formaciones políticas que aprobaron la Declaración de Soberanía del Parlament de Catalunya el pasado 23 de enero. Concretamente, fueron el portavoz de CiU en el Parlament –y ahora presidente del grupo parlamentario en funciones–, Jordi Turull; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado de la CUP Quim Arrufat y el secretario general de ICV-EUiA, Joan Herrera, los que pasaron por el micrófono y la cámara de NAIZ. Suman un total de 87 diputados en un Parlament de 135. Es momento ahora de poner en común estas entrevistas, buscando los puntos en común y los desacuerdos.

Ante todo, cabe constatar la unanimidad que despierta el derecho a decidir entre los cuatro entrevistados, reflejo de la arrolladora mayoría de catalanes que tienen claro que ha llegado la hora de decidir qué futuro político quieren para su país. De hecho, el diagnóstico más básico sobre el porqué del proceso soberanista catalán también es compartido por las cuatro fuerzas: Catalunya está donde está debido a la movilización popular, no a los intereses o los programas de determinados partidos políticos.

Pero la unanimidad se rompe en cuanto la conversación deriva hacia el modo en el que se está llevando a cabo el proceso soberanista desde las elecciones celebradas el 25 de noviembre. De hecho, en el papel a cumplir por parte de la sociedad civil empiezan las discordias. Todos coinciden, en la teoría, en destacar el papel preeminente que le toca cumplir a la ciudadanía, pero en sus propias declaraciones existen matices. Del «llevaremos el proceso hasta el final siempre que notemos que el pueblo de Catalunya nos acompaña» de Turull al «papel crítico y la presión que debe desempeñar la sociedad civil» según Arrufat, hay un mundo. Mientras para unos la sociedad civil se debe limitar a un acompañamiento de la acción del Govern, para otros la presión y movilización ciudadana son los únicos garantes de que el proceso avance. Los movimientos del Govern durante los últimos días, intentando abrir todas las vías de diálogo con el Estado y dejando el proceso soberanista en segundo plano parecen dar la razón a la segunda postura.

La centralidad del Parlament

Otro tanto ocurre con la centralidad que debe ocupar el Parlament en la gestión del proceso. El propio Turull asegura que «se tiene que articular la centralidad del Parlament de Catalunya», pero la realidad muestra que dicha centralidad no se ha articulado todavía. De ahí, la queja, por ejemplo, del ecosocialista Herrera, que señala que el papel del Parlament estaba recogido en la Declaración de Soberanía pero que, dos meses después de su aprobación, «todavía no hay comisión parlamentaria sobre el derecho a decidir, ni hemos definido una hoja de ruta compartida». De hecho, la única hoja de ruta existente es la pactada por CiU y ERC al inicio de la legislatura y esta apenas aborda un escenario en el que sea imposible convocar una consulta, tema que abordamos en el texto adjunto.

Esta es una crítica que desde ERC Marta Rovira encaja y acepta sin excusas. Su respuesta ilustra las inevitables contradicciones que genera su doble posición de sustento del Govern y primera fuerza de la oposición: «Necesitábamos tener la garantía de que CiU no flaquearía en este camino hacia la libertad nacional, pero nuestro objetivo siempre ha sido el de abrir, compartir y convertir esta hoja de ruta en una hoja de país, porque este camino no puede ser ni de un partido ni de dos».

Este es, precisamente, uno de los principales temores de la CUP e ICV-EUiA, que ven preocupados cómo el proceso se identifica con la acción de un Govern determinado. «¿Cómo vamos a explicar las bondades de un proceso abierto y democrático si quien lo está liderando está destruyendo el estado de bienestar?», se pregunta Arrufat, en la misma línea que Herrera, que sentencia: «El peligro de que el proceso se asocie a CiU y ERC es que, en determinadas zonas de Catalunya, las clases populares vean con mucho escepticismo el proceso».

Las divergencias no son ajenas, en último término, a cómo entiende la independencia de Catalunya cada una de las formaciones. Todos coinciden, faltaría más, en que un Estado propio debería servir para que catalanes y catalanas viviesen mejor, pero el discurso de la transformación social brilla por su ausencia en las palabras de CiU, toma algo de forma con ERC y se convierte en fundamental para la CUP e ICV-EUiA, que entienden la independencia como «el instrumento que nos tiene que permitir gobernarnos a nosotros mismos», en palabras de Arrufat.