El hombre fuerte de Nafarroa entre 1996 y 2011, Miguel Sanz Sesma, declarará hoy como imputado por cohecho en el juzgado. Sanz es el máximo responsable político de la desaparición de Caja Navarra. Bajo su doble condición de presidente navarro y presidente de CAN, el principal instrumento financiero de Nafarroa se quedó sin fondos y tuvo que ser fagocitada por Caixabank. Aunque la pérdida patrimonial de la caja superó los mil millones de euros, Sanz dará explicaciones a la juez por cobrar 39.028 euros en dietas de la Permanente.
También tendrá que justificar por qué no se realizó una sola inspección a la caja durante su mandato, siendo el único que podía dar la orden.
Sanz ha tratado hasta el último momento de no acudir al interrogatorio, previsto para las 10.00. Ayer mismo, la juez María Paz Benito desestimaba su última intentona, un recurso solicitando que la causa sea investigada en Madrid por la Audiencia Nacional. La cita, por tanto, resulta ya ineludible.
La «pena del telediario» -cómo se conoce en sus círculos al bochorno que sufre un político que entra al juzgado por un presunto delito entre una nube de periodistas- no es lo único que el abogado de Sanz quiere evitar. Si la pieza de las dietas de CAN, denunciada por Kontuz, acaba en Madrid, equivaldría a desmontar la tesis del cohecho (según la cual el cobro de dietas suponía una dádiva para no inspeccionar a Caja Navarra), ya que se investigarían en causas separadas.
Sanz tiene complicado evitar el «paseíllo». Su otra opción es entrar por el garaje, dentro del coche, pero resultaría poco recomendable. Entre otras cosas, recordaría mucho a las imágenes iniciales de Gabriel Urralburu, que al final optó ya por acceder a pie a la Audiencia. Roberto Jiménez, líder del PSN, aseguró ayer que las fotografías de Sanz entrando a la Audiencia Provincial serán «muy duras».
Incriminado por Pascual
La declaración del expresidente corresponde a la segunda fase de interrogatorios sobre la legalidad de la Permanente. Benito ya tomó testimonio a Alberto Pascual y Amaya Rández (secretario y asesora jurídica del organismo), que son quienes levantaron las actas de las reuniones. Los dos fueron muy claros: el ideólogo del organismo opaco que empezó a funcionar un año antes de figurar en los estatutos fue Sanz. Asimismo, Pascual y Rández sostuvieron que quien decidió que las dietas fueran dobles también fue el expresidente. Con este régimen de retribuciones, Sanz llegó a cobrar 5.360 euros por dos horas de reunión. Hubo sesiones en las que percibió euro y medio por cada segundo que pasaba escuchando los informes que leía Pascual.
Además de no tener base estatutaria durante más de un año, la Permanente no tenía ninguna atribución, es decir, ningún poder de decisión sobre Caja Navarra. Sanz y el resto de miembros de la Permanente (Yolanda Barcina, el exconsejero Álvaro Miranda y Enrique Maya) jamás intervinieron en esas reuniones. Solo escuchaban y, supuestamente, atendían a los power point elaborados por Alberto Pascual, o al menos eso se desprende de las actas de las 16 reuniones, en las que no consta ninguna intervención de los miembros de la Permanente.
La juez tomará declaración a Maya y Miranda el lunes y martes de la próxima semana. El cuarto miembro del organismo opaco, Barcina, se ha librado por ahora. La juez de Iruñea no puede citarla ni imputarla, porque es aforada. Su imputación solo puede venir del Supremo y de momento a juez no ha derivado el caso al Alto Tribunal, lo que le dejaría fuera de la instrucción.
Un imputado muy particular
Aunque las imputaciones se han dirigido en bloque contra miembros de la Permanente, no todos tienen el mismo grado de responsabilidad. Según el acta de la declaración de Pascual, el secretario «fue consciente de su existencia (de la Permanente) porque el presidente le solicita las convocatorias». Siempre según el secretario, la «periodicidad» de las reuniones la fijó Sanz (presidente de la Permanente hasta que fue sustituido por Barcina con el cambio de gobierno de 2011).
El caso de Sanz también es especial porque en un principio la Permanente estaba compuesta únicamente por cargos públicos. Cuando dejó el Gobierno, Sanz debía abandonarla, pero se quedó. Según Barcina, lo hizo en calidad de «invitado». La justificación real de por qué alguien que ya no es cargo público debe permanecer en un organismo sin poder decisorio a buen seguro será una de las preguntas.
El expresidente vive sus horas más bajas, aunque sigue cobrando de lo público como presidente de Audenasa. También participa de los consejos de administración de MGO (ligada a exdirectivos de CAN), Bodegas Sarría (histórica propiedad de CAN), Truck and Wheel y SEN. Aun así, el antaño líder todopoderoso de UPN pinta poco en el panorama actual. Su apuesta por Alberto Catalán le ha defenestrado en el partido. Ocupa un puesto de honor en una Ejecutiva donde nadie le quiere.
Plante a Maya
Por otra parte, el Pleno de ayer en Iruñea se acabó en menos de media hora. El alcalde de la capital navarra, Enrique Maya, está imputado en la misma causa que Miguel Sanz y ha asegurado que la única forma de que dimita es ser sentenciado culpable. Declarará el lunes. Pero Maya ha sido reprobado hace unas semanas y todos los partidos, salvo el PP, quieren que dimita. A modo de protesta, ningún grupo llevó ayer mociones a debate, por lo que solo se trataron asuntos de trámite. UPN intentó abrir una polémica para censurar al parlamentario Patxi Zabaleta por usar la expresión «presos políticos», pero no lo logró dada la oposición de Geroa Bai, Aralar, PSN e I-E. La única voz discordante al plante fue la del grupo del PP, que considera que el proceso por la CAN está en fase inicial todavía.
Mientras esto sucedía, frente al Ayuntamiento tuvo lugar una sonora pitada reclamando que Maya abandonara el cargo. El estruendo de la protesta llegó hasta el salón de plenos en su anormal sesión.
A la salida, Eva Aranguren, de Bildu, consideró que la imputación de Maya daña «la imagen de la ciudad». Aritz Romeo, de Aralar, sostuvo que «no se puede tener un Pleno con normalidad desde el punto de vista de la dignidad de la ciudad y del Ayuntamiento». Por su parte, la líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, dijo que Maya «no ha atendido los requerimientos de la mayoría ni ha dado una respuesta formalmente digna». En el otro extremo, el alcalde de Iruñea se defendía a la espera de que «todo acabe cuanto antes».
