El Gobierno de Portugal ha anunciado recortes en «todos» los servicios públicos por 800 millones de euros y otros ahorros por 500 millones más para cumplir su meta de reducir el déficit al 5,5% del PIB y la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varias medidas de austeridad.

El Ejecutivo luso, tras una reunión del Consejo de Ministros que se ha prolongado hasta la madrugada, ha explicado las primeras medidas acordadas con la misión de la troika que visita Lisboa y cuyo importe por áreas aún debe «concretar» y exponer a la oposición, que rechaza más austeridad, y a los empresarios y sindicatos.

Según el ministro de la Presidencia, Luis Marques Guedes,, los recortes, que equivalen a un 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), permitirán al país recibir un nuevo tramo de su rescate financiero, de un total de 78.000 millones de euros, y tener más tiempo para devolver los préstamos a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los recortes afectarán «a los gastos de personal, de bienes y servicios y de gastos corrientes» en todos los ministerios sin excepción y, además, estas medidas «no evitarán presentar una reforma estructural del Estado» para ahorrar 4.000 millones de euros anuales de forma permanente ya comprometidos con la troika.

Además de los 800 millones en recortes directos de gasto, el Ejecutivo portugués espera compensar los 1.300 millones que supone el fallo del Tribunal Constitucional con ahorros derivados de la «reprogramación» de fondos europeos y proyectos de inversión de sociedades de capital público y privado, que liberarán 500 millones en los presupuestos.

«La necesidad de cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional» –que anula la supresión de una paga extra a los funcionarios y cortes a los subsidios de enfermedad y desempleo– justifica esta «reducción de recursos transversal en todas las áreas», según el Gobierno.

El ministro de la Presidencia también ha incluido en los recortes por 800 millones una reducción salarial no detallada para el conjunto del sector público, con cerca de 600.000 funcionarios.

Además, contempla ampliar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y modificar los regímenes de cotización a la Seguridad Social, aunque estas medidas serán aún «objeto de diálogo» con empresarios y sindicatos.

Aunque el primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, tiene mayoría absoluta en el Parlamento, el Partido Socialista (PS), la segunda fuerza política del país, se ha negado a respaldar las medidas y ha insistido en renegociar los compromisos del rescate.