El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido esta mañana a trámite el recurso del Gobierno español contra la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlament el pasado 23 de enero, lo cual implica que, por primera vez desde el año 1978, el Constitucional suspenderá -al menos temporalmente- un acuerdo alcanzado en un parlamento autonómico. Así lo explicita el artículo 161.2 de la Constitución, al cual se ha aferrado el Tribunal.

Según se lee en dicho artículo, «la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses». Es decir, que el TC tiene ahora cinco meses para emitir una resolución definitiva. De todos modos, nadie ha aclarado todavía cuál es el efecto práctico de la suspensión, ni las consecuencias directas de una hipotética ilegalización, ya que no se trata más que de una declaración institucional, sin consecuencias prácticas.

El Gobierno decidió recurrir la Declaración al TC al considerar que el texto del Parlament -en el que se reivindica a Catalunya como «sujeto político y jurídico soberano» viola la Carta Magna, algo que, según sus argumentos, podría ser el punto de partida para la aprobación de leyes ilegales, ya que según la Constitución, la soberanía recae sobre el conjunto de la «nación española».

Antes de decidir admitir a trámite el recurso, el TC preguntó al Parlament cuál de las dos declaraciones a favor del derecho a decidir aprobadas era la vigente: si la Declaración de Soberanía -la recurrida- o la aprobada el 13 de marzo, que se limitaba a instar al Govern a abrir negociaciones con el Estado para hacer efectivo el derecho a decidir, sin hablar en ningún momento de Soberanía. La respuesta de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, fue que ambas eran válidas, sin contradicción alguna entre ellas. Ahora tanto Gobierno español como Govern catalán podrán presentar sus argumentos ante el Tribunal.

Primeras reacciones

La decisión del TC ha coincidido con el pleno del Parlament en el que se aprobará definitivamente la creación de la Comisión Parlamentaria sobre el Derecho a Decidir. En la pausa de mediodía, el president, Artur Mas, ha considerado que «el Gobierno español quiere hacer abortar el proceso de transición nacional» y ha calificado la decisión del Constitucional de «decepcionante y altamente preocupante», lamentando que el Parlament «ni siquiera se pueda pronunciar después de haber sido escogido democráticamente». Sobre los pasos a seguir, Mas a declarado que seguirán «su camino: radicalidad democrática, exquisitez formal, actitud pacífica y constructiva».

También ha hablado el diputado de ERC en el Congreso español, Alfred Bosch, que ha declarado que «la soberanía no se suspende ni se aprueba, no se da o se toma, se posee», y ha advertido de que seguirán trabajando para que los catalanes puedan decidir su futuro «diga lo que diga el TC».

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tampoco ha tardado en difundir su opinión, limitándose a señalar que «en un Estado de derecho todos tenemos la obligación de acatar la Constitución».