De la Calle ha publicado un artículo en el diario colombiano ‘El Tiempo’ para explicar el que se considera uno de los puntos cruciales del diálogo de paz: la justicia transicional, subrayando que «no es un acto de resignación», sino que persigue «objetivos más amplios», como «profundizar en el Estado de Derecho».

«La mayoría de quienes defienden la aplicación de la justicia de transición como consecuencia de un posible acuerdo de terminación del conflicto armado se refugian en la teoría del sapo: 'El tratamiento menos drástico a los guerrilleros es un sapo que hay que tragarse en beneficio de la paz'», ha dicho.

El ex vicepresidente colombiano ha considerado que, aunque la teoría del sapo «es una visión pragmática que posee cierto valor, es también un enfoque limitado que desconoce los verdaderos confines de la llamada justicia transicional».

«Los esquemas de la justicia transicional pasan por el enjuiciamiento penal, el reconocimiento a las víctimas, la búsqueda de la verdad, la reparación integral, garantías de no repetición y reformas institucionales para que, cuando se trate de violaciones por parte de los agentes del Estado, se haga explícito el reproche de estas conductas», ha aclarado.

«Más allá del indulto y la amnistía»

Así, ha subrayado que «el territorio de la justicia transicional, a diferencia de lo que han sostenido algunos, es mucho más amplio que las simples medidas de amnistía e indulto, de larga tradición entre nosotros». «Estas son fórmulas agotadas», ha considerado.

De la Calle ha argumentado que «los objetivos de la aplicación de una justicia de transición son radicalmente más avanzados». «A partir de la utilización de formas especiales de justicia, se extienden al reconocimiento de las víctimas, la reconciliación y al afianzamiento del Estado de Derecho», ha indicado.

«De modo que no se puede olvidar algo central: justicia transicional es, en todo caso y por sobre todo, una forma de justicia. Aunque parezca una cacofonía, es exactamente eso: justicia para la transición que implica la finalización del conflicto armado», ha dicho.

El jefe de la delegación gubernamental ha hecho hincapié en que «no es un proceso para adormilar a la sociedad». «Los valores transicionales no buscan generar lenidad o complacencia en la sociedad. Todo lo contrario: su tejido íntimo no es tanto el tamaño del sapo, sino el 'nunca jamás'», ha insistido.

Marco jurídico para la paz

Por otro lado, ha defendido la validez del Marco Jurídico para la Paz, que ha sido objeto de crítica por parte de un sector de la política colombiana, incluido el procurador general, Alejandro Ordóñez, al considerar que abre la puerta a la impunidad para las FARC porque establece una clasificación según el rango y los delitos cometidos por los guerrilleros.

«El criterio de selectividad es exactamente lo contrario de la pretendida impunidad», ha defendido. «Eso de pretender juzgar a todos los guerrilleros sin consideración a su rango y de sus delitos es una mentira piadosa que equivale a la vieja idea de 'sacrificar un mundo para pulir un verso'», ha considerado.

De la Calle ha indicado que, según estadísticas recientes, «en los procesos de Justicia y Paz se han denunciado cerca de 350.000 hechos y tomando en consideración la productividad de fiscales y magistrados, estos procesos tomarían cerca de 99 años hasta alcanzar una sentencia».

«Esa es la verdadera impunidad», ha apuntado. «Y en el caso de las FARC, las cifras son mucho mayores porque eliminar la selectividad en un proceso de conflicto armado que va para más de 50 años, es sencillamente garantizar un marco de impunidad para todos o casi todos», ha sostenido.

Reconciliación nacional

Con todo ello, ha subrayado que lo que verdaderamente necesita Colombia, y lo que debe surgir de este diálogo de paz, es la reconciliación nacional. «Pero reconciliación no es perdón. De hecho, el auténtico perdón es una cuestión individual. El Estado no es el que juega el papel determinante en el perdón», ha aclarado.

De la Calle ha considerado que el primer paso para ello es reconocer las víctimas del conflicto armado, que «es mucho más que contar la verdad y una reparación económica». «Es el reconocimiento de las víctimas como portadoras concretas de derechos que les han sido violados intencionalmente», ha señalado.

A este respecto, ha insistido en que las FARC deben reconocer sus víctimas. «Es una cuestión esencial e insoslayable», ha dicho, al tiempo que ha reconocido que «en Colombia hay un abigarrado escenario de fuentes de violencia, un entramado complejo de víctimas y victimarios».

Sin embargo, ha estimado que «no basta con el reconocimiento de las víctimas». «La reconciliación nacional se sitúa en el tejido social, en la recuperación de la confianza en que las expectativas que se derivan de las normas (acordadas) serán cumplidas», ha apuntado.

«La confianza cívica tiene que ver con varias cosas: primero, la valoración comunitaria de la importancia de las normas que han sido violadas masivamente; segundo, el restablecimiento de la confianza en que estos acontecimientos no deben repetirse; tercero, que nadie está por encima de la ley», ha enunciado.