Uno de los puntos del acuerdo de legislatura firmado por CiU y ERC el pasado diciembre daba cuenta de la necesidad de aprobar en el Parlament una ley catalana de consultas populares no refrendarias. Tras trabajar en ello durante las últimas semanas, el Parlament ha dado luz verde hoy al proyecto, al rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciutadans. Así lo han decidido 104 diputados de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP, en total, un 77% de la Cámara. Sin embargo, los ponentes de la ley han decidido no presentar hoy el proyecto de ley, por lo que la norma no está todavía formalmente aprobada.

El trabajo previo de esta nueva norma ha venido facilitado por el trabajo parlamentario realizado en la anterior legislatura, en la que el proyecto de ley quedó muy avanzado, aunque no se pudo aprobar debido al adelanto electoral.

Con esta nueva ley, se podrán convocar consultas desde la Generalitat, desde las instituciones locales o desde la iniciativa popular –tendrá que pedirlo entre el 5 y el 10% de la población– y podrán votar todas las personas mayores de 16 años. El resultado de la consulta, sin embargo, no será vinculante.

Pese a que la ley va más allá del proceso soberanista actual –ya que regula consultas sobre cualquier aspecto–, resulta inevitable ligarla a dicho proceso. De hecho es la segunda Ley de Consultas que aprueba el Parlament. La anterior regulaba las consultas vinculantes, para las cuales contempla la petición de permiso al Estado. Sin embargo, esta norma se encuentra suspendida temporalmente por el Tribunal Constitucional, a la espera de una sentencia definitiva.

Este es el tercer punto del acuerdo de legislatura entre CiU y ERC que ve la luz, después de la Declaración de Soberanía y la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional –también se han impulsado la declaración, la comisión parlamentaria y el pacto nacional sobre el derecho a decidir, aunque estos tres puntos no estaban en el pacto de legislatura–.

Según la hoja de ruta marcada por dicho acuerdo, el cuarto punto que el Govern debe abordar en lo que queda de año es el proceso de diálogo y negociación con el Estado, cuyo desarrollo no augura nada positivo. Una vez intentado este extremo, «CiU y ERC se comprometen a convocar la consulta de acuerdo con el marco legal que lo ampare, en el transcurso del año siguiente, con la excepción de que el contexto socioeconómico y político requiera una prórroga», según se lee en el texto firmado por las dos fuerzas mayoritarias en Catalunya.