Emilio Hellín Moro, miembro de Fuerza Nueva y autor junto a Ignacio Abad de la muerte de la joven deustuarra Yolanda González en 1980 en Madrid, declarará como perito informático en el caso de los niños de Córdoba desaparecidos. A este respecto, el letrado de la familia de la joven militante del PST ha recordado que esta es «una actividad privada» a la que nada puede oponer.

«Está en su derecho la madre de los niños, pero es una cosa es que él utilice sus conocimientos técnicos para actuar como perito de parte privada y otra que el Estado contrate a un terrorista», ha manifestado.

Este año se ha conocido que Emilio Hellín habría estado trabajando para diversos cuerpos policiales del Estado español, incluida la Ertzaintza, en técnicas de espionaje y rastreo informático.

El letrado de la familia de Yolanda González ha recordado que no ha recibido ninguna respuesta sobre la investigación a la que el Ministerio español de Interior se comprometió tras conocer estos hechos. Además, su pretensión es que el Estado reclame a Hellín la cantidad que este tenía que pagar a los familiares de la víctima, pero a la que renunciaron al cobrar la indemnización como «víctimas del terrorismo».

«Lo cierto es que, entonces, el Estado se subroga en esa posición, y hace dejación de sus derechos y de sus funciones si no intenta cobrar eso», ha apuntado.

Vía amistosa

José Mariano Benítez de Lugo ha afirmado que, primero, ha intentado agotar «la vía amistosa» en este caso, ya que pidió una entrevista con los Ministerios de Interior y de Justicia. Tras señalar que el director de gabinete de Interior entendió que era «escandaloso que los Cuerpos de Seguridad del Estado contrataran a un asesino terrorista», ha añadido que «prometió una investigación posterior» porque la noticia «les había pillado de sorpresa».

«Yo les envié la sentencia y todo lo que pudiera ser relevante para ello y, hasta ahora y eso fue aproximadamente en marzo, no sé si la investigación que está haciendo el Ministerio de Interior es tan compleja que no le permite dar noticias ahora sobre ello o que prefiere no darnos informacion sobre lo sucedido», ha destacado.

El abogado ha manifestado que no pierde «la esperanza en que se pueda abrir alguna vía» y ha recordado que, «entre otras cosas, está el tema de la responsabilidad civil». En este sentido, ha recordado que a Emilio Hellín se le condenó a más de 43 años de cárcel por los cargos de «asesinato y secuestro» de González, y al pago de seis millones de pesetas a la familia.

No obstante, los padres de la estudiante deustuarra tuvieron que renunciar a la responsabilidad civil porque recibieron indemnización como «víctimas del terrorismo». En esta línea, Benítez de Lugo ha indicado que «lo paradógico es que, no solo no intenta cobrar eso, sino que, encima, le paga a Hellín por sus servicios».

A su entender, «habría ese aspecto económico en el que el Estado no puede hacer dejacion de reclamar el importe del que se ha subrogado respecto a la posición de los padres de Yolanda». «Si él ha pagado a los padres de Yolanda por ese concepto, el Estado no debe hacer regalos y está en el deber de exigir la indemnización», ha añadido.