El Gobierno español ha aprobado un anteproyecto de una nueva ley del sector eléctrico que implicará una subida del precio de la luz del 3,2%, según ha explicado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

Este incremento se sumará al encarecimiento del 63% registrado entre 2003 y 2011, ochos años en los que la factura eléctrica media anual de los hogares ha pasado de 360 a 588,5 euros y se ha situado entre las más elevadas de Europa, superada tan solo por Irlanda y Chipre.

En el conjunto de 2012 y 2013 y tras las medida adoptadas por el Ejecutivo para atajar el déficit de tarifa eléctrica, el recibo de la luz habrá subido un 8%, según Soria, quien ha asegurado que si el PP no hubiera hecho nada el encarecimiento habría tenido que ser del 42% en esos dos años.

«Hemos intentado en todo momento perseguir el interés general, lo que a veces no coincide con los intereses particulares y legítimos de las empresas», ha apuntado Soria, quien ha subrayado que la reforma impulsada por el Ejecutivo español «no se casa con nadie» y dará sostenibilidad y certidumbre al sector.

Tras las medidas aprobadas en 2012 para atajar el déficit de tarifa, quedaban pendientes de resolver unos 4.500 millones de euros, de los que 900 millones serán a cargo de los consumidores, mientras que otros 900 irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otros 2.700 millones los asumirán las empresas.

El ministro ha indicado que el Gobierno ha descartado una de las medidas más demandadas por el sector, rebajar el umbral de acceso a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que actualmente pueden acogerse los consumidores con potencias contratadas iguales o inferiores a 10 kilovatios (kW).

La única novedad en torno a la TUR es que cambia de denominación para llamarse «precio voluntario al pequeño consumidor».

La reforma también incluirá la autorización de nuevas comercializadoras, más agilidad en el cambio de operador, gratuidad de los servicios de atención al cliente y una factura eléctrica más clara, así como el refuerzo en la lucha contra el fraude, principalmente en segundas viviendas, según ha detallado Soria.