La Comisión Europea ha pedido al Estado español que recupere las ayudas concedidas a los astilleros entre los años 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente y ha reclamado hasta el último momento que solo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.

«Acorde al principio de la seguridad jurídica, la CE no exigirá la devolución de las ayudas otorgadas entre el inicio del régimen en 2002 y abril 2007, cuando la Comisión declaró públicamente incompatible un sistema similar de Francia», ha informado el Ejecutivo comunitario posteriormente en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario no ha desvelado la cifra total de ayudas que deben reembolsarse y el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, tampoco ha querido anticipar ninguna cifra, con el argumento de que eso le corresponde «a la Hacienda pública española, que es la que va a recuperar las ayudas».

El ministro español de Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005. Bruselas dice que corresponde a las autoridades españolas calcular el importe a devolver.

Almunia pide calma

La CE considera que el régimen de ayudas, que se puso en marcha en 2002 y nunca se notificó a Bruselas, vulnera las normas de la Unión Europea sobre ayudas públicas porque concedió una «ventaja selectiva» a sus beneficiarios respecto a los rivales.

Sobre el futuro del sector naval, Almunia ha pedido calma. «En cuanto al futuro, existe un régimen fiscal no selectivo que fue aprobado por la CE en noviembre de 2012 y que puede ser utilizado, entre otras cosas, para financiar la industria de construcción de buques», ha manifestado.

Este sistema es «plenamente compatible con las normas europeas y por ello proporciona a los inversores toda la seguridad jurídica que necesitan», ha defendido.

Además, ha incidido en que «el futuro de los astilleros, de la industria auxiliar, de los trabajadores del sector naval dependerá fundamentalmente de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores».