La Fundación Sustrai ha ganado un pleito al Ministerio de Fomento y ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declare al margen de la legalidad todas las obras del TAV acometidas por el Gobierno navarro. La razón está en la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental, un documento previo a la adjudicación de concesiones.

Tras conocerse la sentencia, miembros de la fundación han comparecido ante la prensa para exigir «la paralización inmediata de las obras» y del proyecto del corredor navarro de alta velocidad, debido a su «situación de irregularidad», al considerar que el Gobierno de UPN está ejecutando las obras y otros actos administrativos «sin la cobertura legal necesaria».

Asimismo, han reclamado la dimisión de, al menos, el Consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, debido a su «responsabilidad política» en cuanto a las actuaciones realizadas por el Gobierno navarro y la «evidente nefasta gestión» del Corredor de Alta Velocidad Castejón-Iruñerria.

La fundación ha mostrado su disposición para dar a conocer a la opinión pública «uno de los graves incumplimientos legales que se están produciendo en la tramitación de este proyecto, de muy dudosa rentabilidad económica y social, además de todos los grandes impactos energéticos, ambientales y territoriales».