La denuncia por las irregularidades en la construcción del corredor navarro del TAV ha llegado hoy al Parlamento de Nafarroa de mano de la fundación Sustrai Erakuntza y a petición de Bildu y Aralar-NaBai. La fundación que llevó a los tribunales la declaración de impacto ambiental (DIA), y que consiguió que se invalidara, ha denunciado que el Ejecutivo de Yolanda Barcina ha tomado una serie de decisiones en relación al TAV que «implican una responsabilidad grave».

En su comparecencia en la Comisión de Fomento del Parlamento, Martin Jose Celaya, portavoz de Sustrai, ha insistido en que el juez que lleva la causa «en cualquier momento puede decidir la suspensión cautelar de las obras» y se ha preguntado «quién asume estos costes y este desastre». Ha tachado de «falacia» el argumento de que lo pagará el Estado y ha dicho que «da igual que la financiación venga de Navarra, de Madrid o Bruselas, porque el dinero público es de todos».

Celaya ha instado al Gobierno Foral a que se paralicen de inmediato las obras y todas las actuaciones administrativas que estén en curso y ha vuelto a exigir la dimisión del consejero de Fomento Luis Zarraluqui por la «actuación bochornosa» del Ejecutivo de Barcina y por haber gestionado el proyecto de «manera lamentable». Zarraluqui no ha estado presente en la Comisión donde se ha analizado su gestión.

El Gobierno foral dispuesto a seguir con las obras

Por su parte, el Gobierno de Nafarroa confirmó ayer que el Gobierno español ha presentado el recurso pertinente por la invalidación de la DIA. Por ello, el Ejecutivo de Barcina afirma que seguirá con las obras. Creen que «en tanto no se pronuncie el Tribunal Supremo en sentido contrario, la validez de la DIA se mantiene vigente».