El pasado 30 de julio, la jueza de lo Social nº4 de Durango emitía un auto autorizando a Incoesa a acceder a las instalaciones que la empresa tiene en Bedia con el fin de poder sacar todo el producto acabado y materiales que en ella se encuentra.

Los 53 operarios de la fábrica, dedicada a la creación de transformadores eléctricos, han permanecido en la planta a la espera de que se produjera el vaciado de la empresa, que ha comenzado esta mañana con varios agentes de la Ertzaintza. Se han vivido varios momentos de tensión en el lugar.

Siete trabajadores de la empresa han sido identificados y serán imputados por vulnerar, supuestamente, la Ley de Seguridad Ciudadana, al tratar de impedir la retirada de material del interior de la planta.

La dirección de la empresa quiere trasladar la producción a Soria y Extremadura.

«No es un punto final»

El comité de empresa de Incoesa ha advertido de que la retirada de la maquinaria por parte de la dirección, «no es un punto final» al conflicto, y ha anunciado que los trabajadores mantendrán sus movilizaciones y agotarán «el recorrido jurídico» para mantener su empleo.

Según ha denunciado a Europa Press el responsable del Metal de LAB en Hego-Uribe Arratia, Juankar Vizán, la retirada de material de la empresa, ocurrida esta mañana, «vulnera el derecho de huelga» y, puesto que la compañía se encuentra en concurso, «puede constituir un alzamiento de bienes».

Los pocos más de 50 trabajadores de la compañía se encuentran en huelga indefinida desde el pasado 29 de mayo y permanecían, desde entonces, ante la puertas de planta «haciendo turnos de 24 horas». Incoesa fue declarada en concurso hace, aproximadamente, dos meses.

Vizán ha lamentado que el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia adquiriera «unos compromisos con los trabajadores» que, «a día de hoy, no se han cumplido», uno de ellos, conocer qué subvenciones ha recibido Incoesa. «Hay una norma foral de 2007 que obligaría a la empresa a devolver todo lo cobrado», ha indicado.

El representante sindical ha denunciado que lo ocurrido en Incoesa ha sido «una deslocalización de libro», si bien ha advertido de que los trabajadores tienen «mucho recorrido todavía» porque la empresa «no está cerrada, está concursada».

«Entendemos que las instituciones públicas tienen un instrumento clave para poder arreglar este conflicto. Nosotros queremos una negociación real con la empresa para hablar de en que términos se mantiene aquí el empleo», ha afirmado.