El Decreto de Tratamiento Integral de las Lenguas (TIL) no es más que el último episodio de la larga cruzada del PP balear en contra de la lengua catalana y todo lo que huela a Països Catalans. El 18 de junio de 2011, José Ramón Bauzà fue investido como nuevo presidente de las Illes, con un programa que, en el ámbito de la educación, defendía la libre elección de la lengua vehicular.

Dicho y hecho, en el periodo de matriculación del curso pasado, el Govern ofreció la posibilidad de que las familias pudiesen escoger el castellano como lengua principal en la educación de sus niños y niñas. Solo un 8% de las familias eligió esta opción.

¿Será que no hemos informado lo suficiente? Se preguntó el Ejecutivo del PP. Acto seguido, puso en marcha una intensa campaña de propaganda, con cartas certificadas a las familias incluidas, informando de la posibilidad de educar a sus hijos en castellano. El porcentaje ascendió a un triste 13%. Todo un fracaso.

Pero lejos de darse por vencido, en el último tramo del curso pasado el Govern de Bauzà impulsó el TIL, con el objetivo de aumentar las horas en castellano en detrimento del catalán, bajo la excusa de un trilingüismo que completa el inglés, a cuyo aumento –progresivo– en la educación en realidad nadie se opone. Familias y profesorado y amplias capas de la sociedad pusieron el grito en el cielo, movilizándose inmediatamente y poniendo los cimientos de la huelga indefinida que se vive estos días.

Pero no solo ellos se opusieron al TIL. El pasado 5 de setiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) suspendió cautelarmente el decreto gubernamental hasta que la Justicia tenga tiempo de aclarar el fondo de la cuestión planteado en los recursos de diversos sindicatos. Solo uno de los cinco magistrados que componen el TSJB se opuso a la suspensión.

Ni corto ni perezoso, un día más tarde el Govern balear dejó claro que ni la Justicia se opondría a sus intenciones y cambio el decreto de TIL original por un decreto-ley con el mismo contenido, como estratagema para saltarse la suspensión del TSJB. Una medida criticada fuertemente desde muchos sectores, incluido el judicial. La asociación Jueces para la Democracia consideró en un comunicado que «nuevamente nos encontramos ante un ataque a los derechos lingüísticos en una comunidad autónoma en la que existe una lengua cooficial». El texto califica la medida del Govern de «vulneración de los derechos lingüísticos» y critica, además, que se decidiese «burlar la resolución judicial» a través de un decreto-ley. «Dicha actuación representa una falta de respeto institucional y una reacción inaceptable ante una resolución judicial adversa», añade el comunicado.

Pero el TIL no es la única embestida del PP balear en los últimos meses. Encima de la mesa están también la Ley de Símbolos –creada ‘ad hoc’ por el Gobierno de Bauzà para prohibir los lazos con los colores de la senyera en los centros educativos públicos– y el decreto de Convivencia, que impone a directores y profesores estrictas y concretas normas para ejercer su trabajo, atentando directamente contra la libertad de cátedra y la autonomía de cada centro educativo.