La Audiencia Nacional española será quien tenga la última palabra sobre la orden de detención contra cuatro torturadores franquistas cursada por la juez María Servini, que investiga los crímenes durante la dictadura española. Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien señaló que será la Fiscalía del tribunal de excepción la que marque el criterio jurídico. Por el momento no hay constancia de que la resolución, que la magistrada entregó a los abogados de la acusación el pasado miércoles en Buenos Aires, haya llegado a manos de las autoridades españolas. Cuando el trámite se cumpla, se dará la paradoja de que el heredero del Tribunal de Orden Público tendrá que decidir sobre la extradición de los expolicías José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño», y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, que estuvieron bajo las órdenes de los jueces que precedieron a la actual Audiencia Nacional. Celso Galván, el cuarto imputado, habría fallecido en 2009, según publicaban ayer diversos medios españoles.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán al criterio jurídico que marque la Audiencia Nacional, a través de la Fiscalía», afirmó Ruiz Gallardón, que también tiene vínculos con la causa ya que su suegro, el exministro franquista José Utrera Molina, es uno de los cinco antiguos cargos de la dictadura incluidos en la denuncia junto a los cuatro torturadores. «Como ocurre en todos los casos en los que se han planteado situaciones semejantes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la vista de la orden internacional de detención, lo que harán será trasladarla a la Audiencia Nacional, a través de la Fiscalía de la propia Audiencia», explicó el titular de Justicia. Claro que, en realidad, la línea la marcará el Ejecutivo. En primer lugar, porque el Ministerio Público tiene una estructura jerárquica en cuya cúspide se sitúa el fiscal general del Estado, nombrado directamente por el Gobierno. En segundo, porque es el Consejo de Ministros el que, en última instancia, dará luz verde a la extradición.

El Gobierno de Mariano Rajoy no tiene prisa por cumplir con la Justicia. Una actitud que contrasta con las urgencias derivadas del tiempo transcurrido desde la dictadura y la avanzada edad de los acusados, uno de los cuales, Galván, ya habría fallecido. Todo ello se suma al hecho de que sea la Audiencia Nacional, marcada por denuncias por torturas desde su nacimiento, la que se encargue del proceso contra los represores.