La Constitución mexicana, en su artículo 17, establece que «ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho».

Pero, ¿qué sucede cuando el Estado no es capaz de cumplir con la obligación de proporcionar seguridad a la vida y a las propiedades de sus ciudadanos?

La ausencia de un Gobierno federal, estatal o municipal que cumpla con las obligaciones más básicas que se le suponen a un estado de derecho han generado un nivel de hartazgo que se ha traducido en la proliferación de cuerpos de autodefensa comunitaria.

Pese a que, según la fuente consultada la cifra varía ligeramente, los recuentos efectuados por medios locales y nacionales mexicanos arrojan una cifra nada desdeñable: Se han contabilizado al menos 40 grupos en dieciséis de las 32 entidades federativas que conforman México.

Sin embargo, sería un error meterlos a todos en el mismo saco, ya que existen diferencias sustanciales entre ellos.

La expresión de la autodefensa con mayor bagaje en la historia moderna de México es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria (CRAC-PC), creada en 1995 en el estado de Guerrero –situado en el sur de la república, cuenta con uno de los mayores índices de pobreza– y que tiene presencia en más de un centenar de municipios.

En este caso, la Policía Comunitaria se rige por los usos y costumbres y sus miembros son nombrados en una asamblea ante la cual deben también responder.

La CRAC, entre cuyas funciones está la administración de la justicia, se encarga del proceso de reeducación de aquellas personas que son halladas culpables de haber cometido algún delito.

Estos procedimientos se llevan a cabo respetando el debido proceso, con juicios orales y tomando en cuenta las versiones de las partes implicadas.

Este tipo de Policía Comunitaria cuenta con el derecho a existir como parte de las estructuras de los pueblos. Este derecho está amparado por convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política de México, la cual establece en su artículo segundo que los pueblos indígenas son descendientes de las poblaciones que habitaban el país antes de la formación del Estado y que, por ello, su derecho es anterior al Estado.

A pesar de que en México los pueblos originarios y sus organizaciones sufren a menudo hostigamiento por parte de las autoridades, están asistidos su derecho a la libre determinación –recogido en la legislación nacional e internacional– y, por tanto, a la autonomía. Es decir, que aún estando dentro del Estado, cuentan con derechos colectivos y pueden crear sus propias estructuras.

Brigadas de autodefensa
 
Un caso distinto a la citada Policía Comunitaria son las autodefensas formadas generalmente por campesinos armados y sin entrenamiento, que establecen controles de carretera e incluso emprenden juicios populares contra las personas detenidas.

El último caso que ha trascendido en Euskal Herria se produjo el pasado fin de semana, cuando una brigada de autodefensa abatió en Michoacán a cinco presuntos narcotraficantes de la banda conocida como «Los Caballeros Templarios», horas después de que estos atacaran varías subestaciones de energía.

Si bien es cierto que estas expresiones surgen del hartazgo ciudadano por el menosprecio con que se les trata y que pudieran entenderse como acciones simple y llanamente de legítima defensa, no hay que obviar el riesgo real de colombianización de México.

Esta cuestión no es baladí, sobre todo teniendo en cuenta lo sucedido en Colombia en los años 90, cuando surgieron las llamadas Autodefensas Unidas, que acabaron convirtiéndose en una organización paramilitar respaldado por grupos del narcotráfico.

Habida cuenta de la clara relación entre el Plan Mérida y el Plan Colombia, así como la labor de asesoramiemto del Gobierno de Enrique Peña Nieto que cumple el general colombiano Óscar Naranjo en materia de narcotráfico, no resulta exagerado pensar en las intenciones del Estado aplicar, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, esquemas de represión contrainsurgente.

Es decir, que se buscaría militarizar y paramilitarizar el país, no para acabar con el negocio de la droga, sino para poner fin de manera preventiva con grupos que propugnen por un cambio político y social.