Así ha justificado en su primera comparecencia pública la decisión de su gobierno de cerrar la sociedad RTVV en que «no tenemos 40 millones de euros para satisfacer la readmisión de los trabajadores», tras la sentencia del TSJCV, ya que se necesitan «para servicios sociales».«La auténtica línea roja del Gobierno es que vamos a mantener los servicios sociales y no vamos a cerrar ningún colegio ni hospital», ha recalcado.

«No voy a cerrar un colegio o un hospital para mantener Radiotelevisión Valenciana», ha advertido el president, para quien asumir esos 40 millones supondría retrotraerse a hace tres años, algo, a su juicio, «imposible» que «no cabe en el presupuesto» actual de la Generalitat.

En una comparecencia en la que se oían las protestas de los trabajadores de RTVV concentrados frente al Palau, Fabra ha confirmado que la directora general de RTVV, Rosa Vidal, no va a seguir en sus funciones y la ha responsabilizado de parte de las decisiones adoptadas en aplicación de un ERE de cuyo final también ha responsabilizado a los sindicatos.

Ha afirmado que informó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de la decisión, aunque ha dejado claro que cuando habla con el Gobierno lo hace para «pedir una financiación que garantice los servicios básicos», «no para otras cuestiones».

Fabra ha defendido la continuidad del vicepresidente del Consell, José Císcar, el único miembro del Gobierno que le acompañaba hoy, y el trabajo del Ejecutivo pues ha dicho que ha tratado de hacer las cosas «lo mejor posible», y ha avanzado la posibilidad de emprender acciones judiciales contra las empresas que asesoraron a la Generalitat en la elaboración del ERE.

La oposición pide su dimisión

Los grupos políticos de la oposición –PSPV, EUPV y Compromís– han calificado de «ilegítima» la decisión de la Generalitat de cerrar Radio Televisión Valenciana (RTVV), por lo que han reclamado la dimisión Alberto Fabra y la creación en las Cortes Valencianas de una «comisión de la verdad» para determinar responsabilidades.

«Ha habido muchos beneficiarios de esos 1.300 millones y queremos saber sus nombres porque entenderemos algunos respaldos», ha agregado el secretario general del PSPV, Ximo Puig.

Por su parte, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha calificado las declaraciones del jefe del Consejo de «cobardes, viles y merecedoras de la renuncia a la presidencia porque no es capaz de defender un instrumento de democracia y autogobierno».

También se ha pronunciado la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, que ha afirmado que «con esta tele cae este gobierno, porque el cierre es la demostración del fracaso del Ejecutivo de Fabra».