La nueva ley ha sido aprobada por el pleno de la Cámara Baja por 268 votos a favor y 138 en contra. Todos los grupos parlamentarios habían dado libertad de voto a sus diputados para esta proposición, promovida por el Partido Socialista y respaldada por el presidente François Hollande. La iniciativa, que ha provocado polémica, equipara al Estado francés con Suecia, que en 1999 fue el primer país en implantar este tipo de legislación.

La ley supone un cambio de doctrina en el Estado francés, donde desde 2003, aunque no consideraba ilegal la prostitución, perseguía a las personas que ofrecían sus servicios en la calle y las castigaba con penas de hasta dos meses de cárcel. Ahora, ese delito desaparece y se responsabiliza al cliente, quien puede ser multado con hasta 3.750 euros en caso de reincidencia.

Entre los argumentos de los opositores está el de quienes ven en esta propuesta un límite «moralista» a la libertad sexual. Desde otro punto de vista, un informe de Médicos del Mundo considera que la ley obligará a las prostitutas a ejercer de forma clandestina, con negativas consecuencias para su seguridad y su higiene.

Entre los defensores de la ley, la ministra de Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, ha replicado que el 90% de las prostitutas ejercen ese oficio contra su voluntad. Esta ley «permitirá a miles de jóvenes chicos y chicas salir de la prostitución. Todo acto sexual forzado es un acto de violencia y, por tanto, contrario a la ley».

Vallaud-Belkacem ha indicado que en Suecia se ha reducido a la mitad la prostitución callejera desde que se implantó la nueva normativa. Las multas a los usuarios son, según los defensores de la ley, el instrumento más eficaz para combatir a las mafias de proxenetas, con el argumento de que «es el dinero de los clientes, es su fuente de financiación».

La ley establece asimismo otras medidas para luchar contra esas redes y proteger a las prostitutas. Entre esas medidas está la que establece que todas aquellas prostitutas extranjeras que ejercen en el país puedan acogerse a un «circuito de reinserción» con ayuda estatal, que se traducirá en un permiso de residencia temporal de seis meses y un subsidio de 336 euros mensuales.