Ocho meses después de que el Gobierno aprobara el primer borrador de la ley, el texto ha sido debatido en la Comisión de Interior del Congreso español con competencia legislativa plena y será remitido al Senado.

Tras la incorporación de más de setenta enmiendas, el proyecto cuenta con el favor de PNV y CiU, y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural, que ven en el texto una preocupante «ruptura» de la concepción de la seguridad pública.

Así, el ámbito donde pueden ejercer sus funciones de vigilancia son los polígonos industriales, las urbanizaciones, las zonas comerciales peatonales y los acontecimientos deportivos, culturales u otros que se desarrollen en vías o espacios públicos.

Por otro lado, la nueva norma permitirá a los vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales como puede ser la calle de Preciados de Madrid o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.

Más satisfechos con la ley se han mostrado PNV y CiU, después de que este último pactara con el PP que tanto Catalunya como la CAV tuvieran las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives que operen en sus territorios.