La batalla por la consulta del 9 de noviembre sobre el futuro de Catalunya ha llegado esta mañana a los juzgados de Barcelona, donde una magistrada ha decidido suspender cautelarmente la medida aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona) para ceder el padrón municipal a la Generalitat, de cara a la elaboración de un censo para la consulta. La decisión la ha tomado a la espera que dilucidar si la decisión municipal viola la ley de protección de datos.

Se trata de la primera decisión judicial sobre un acuerdo de estas características, similar al adoptado en los últimos meses por numerosos municipios catalanes. De hecho, no es ningún secreto que el padrón de los ayuntamientos es una de las opciones barajadas por la Generalitat para tener un censo electoral de cara al 9 de noviembre. Así lo demostró recientemente la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, cuando envió una carta a todos los municipios catalanes preguntándoles, precisamente, sobre su predisposición a ceder el padrón.

El acuerdo se tomó en Cabrils el pasado 27 de marzo y fue recurrido por el presidente de un desconocido partido político llamado Alianza Central Demócrata, Alejandro Rusiñol, cuya demanda de suspender cautelarmente el acuerdo ha sido estimado esta mañana por la juez. La juez cita a las partes a una comparecencia el próximo 7 de abril para levantar o mantener la suspensión del acuerdo.

La vicepresidenta Ortega ha sido la primera en reaccionar, enviando un comunicado en el que asegura que «confía plenamente» en que se levante la suspensión cautelar. El Govern también ha mostrado todo el apoyo a la alcaldesa de Cabrils, Lina Morales –también de CiU–, que hoy mismo se ha mostrado «convencida» de que el acuerdo del Ayuntamiento «es legal».