La organización no gubernamental ha publicado una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno español para encarar el tramo final de la Agenda de Derechos Humanos 2011-2015 elaborado por Aminstía Internacional.

Dicha agenda incluye un apartado referente al «proceso de paz en el País Vasco», en el que señala que las autoridades «deben garantizar que los derechos humanos son la hoja de ruta del proceso». Además, añade que deben «asegurar la protección y el respeto» de los mismos «de manera incondicional al margen de cualquier consideración política».

AI detalla en cuatro puntos la manera en la que cree que las autoridades españolas deberían avanzar en el terreno de los derechos humanos.

En primer lugar, afirma que el Estado debe garantizar que se investigarán las violaciones de derechos humanos cometidas por las FSE y que no habrá «espacios de impunidad» para los «graves abusos» de DDHH cometidos por ETA.

Acto seguido, AI destaca que las autoridades españolas deben asegurar el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Remarca asimismo que debería aprovecharse la reforma del Código Penal para modificar la tipificación de «los delitos de terrorismo» con el fin de que «no se castigue como delito la expresión pacífica de opiniones».

En el último punto, destaca que el Estado debería acceder «siempre que sea posible y que exista una solicitud individual al cumplimiento de las penas por parte de todos los presos, incluyendo los de ETA, cerca de su lugar de arraigo, de acuerdo con las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos».